El abogado defensor de los DDHH, Rafael Narváez, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resulta implacable contra los derechos políticos y pretende quitarle competencias a los partidos por solicitar condiciones justas pero no toma acciones contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Narváez afirmó que la justicia penal del país está politizada y que no cumple con las competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga a mantener su autonomía e independencia para garantizar un sistema judicial imparcial.
El Máximo Tribunal de la República es muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del estado que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas, desaparición forzadas de personas y ejecuciones extra judiciales encabezadas por el grupo exterminio de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con total impunidad, comentó.
La impunidad es el enemigo
El ex parlamentario exigió el reinicio de las actividades judiciales y recalcó que los partidos políticos, medios de comunicación social, médicos, parlamentarios y ciudadanos que protestan por las fallas en los servicios básicos no son enemigos del poder judicial.
El verdadero enemigo es el COVID-19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos que siguen dejando en un grado de indefensión a las víctimas de violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado, expresó.
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