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El coordinador de la Asociación en Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez exhortó al Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas sancionar al Estado venezolano por la violación sistemática de los derechos humanos.

El profesional de las leyes hizo referencia a la reunión que efectuara el pasado 8 de marzo el Alto Comisionado de Naciones Unidas en las que una vez más reiteró las recomendaciones formuladas en 2016, en cuanto al cese de la represión militar, la persecución a los medios de comunicación social, la vulneración de los derechos humanos en el país y el combate efectivo de la pobreza, sin que hasta los momentos se haya actuado para superar dichas problemáticas.

Narváez señaló que mientras la ONU recomienda el fin de las detenciones arbitrarias, está un organismo como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que hace lo que le da la gana, convirtiéndose en persecución penal cuando no es su competencia. A su juicio, también actúa como Poder judicial porque decide a dónde van los detenidos pasando por encima de los organismos legalmente constituidos para este fin como el Ministerio Público y el Poder judicial.

El defensor de los derechos humanos condenó igualmente la posición asumida por el embajador ante la OEA, Jorge Valero, al pretender asumir en Ginebra funciones de juez, o las veces de funcionario del Ministerio Público justamente cuando rechazó el planteamiento expuesto por el Alto Comisionado Zeid Ra´ad al Hussein quien expuso la liberación de los presos políticos, y a quienes Valero se atrevió a catalogar como criminales.

Objetó la conducta del Gobierno Venezolano que se ha negado por espacio de quince años de negar el ingreso al país a relatores y expertos en derechos humanos para que constaten “in situ” las arbitrariedades que comete el régimen con sus ciudadanos.

Acusó al Poder Ejecutivo de mantener un estado de excepción perpetuo para restringir las garantías constitucionales y poder así, criminalizar la protesta pacífica, lo que ha permitido una represión desmedida por parte de los militares contra la población que protesta públicamente contra el hambre, la falta de medicamentos y de salud.




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