Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, denunció que la aplicación del plan Zamora pasa por la utilización de los tribunales militares, que han asumido competencias de procesar y pretender juzgar a civiles, desconociendo nuestra Carta magna que no permite que se invada lo que correspondería, en todo caso, a los tribunales civiles.
El dirigente condenó que la puesta en marcha de este plan ha convertido al General Benavides en fiscal y juez militar, pasando por alto las funciones propias del Ministerio Público. Explicó además que la justicia militar tiene competencia para procesar y juzgar a militares activos por delitos militares, como la obediencia o situaciones de rebelión dentro de la institución, por citar dos ejemplos. “Estamos en presencia de un desplazamiento de la Fiscal Ortega Díaz y un entierro del debido proceso y el derecho al juez natural”.
Para Narváez,lo que está ocurriendo en Carabobo, donde más de 70 personas detenidas en más de 40 días de protestas han sido puestas a las órdenes de los tribunales militares, es de extrema gravedad porque coloca al país al margen de toda legalidad. “El general Benavides olvida que estos crímenes de lesa humanidad no prescriben y las detenciones arbitrarias son parte de una larga lista de elementos por los que serán juzgados en algún momento”.
“He conversado con familiares de los detenidos en Carabobo, quienes me confirmaron que tras estas detenciones ilegales hay torturas psicológicas y presión a los detenidos al ser amenazados con que serán trasladados a la Penitenciaría general de Venezuela en el estado Guárico”.
Narváez señaló que la justicia militar se ha negado a dar acceso a la investigación penal al Ministerio Público, situación que viene ocurriendo luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz afirmara que en Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional.
El defensor hizo un llamado de alerta a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia a “arrancarle de las manos” a la justicia militar todos los detenidos que están siendo procesados y juzgados, por no estar los tribunales militares preparados para esta situación, cuando basan sus acciones en un código que tiene más de setenta años y que no está adaptado al principio de progresividad de los Derechos Humanos ni la Constitución de 1999.
Instó al presidente Maduro a hablarle claro al país y decir si asumió la política represiva a los venezolanos como una política de Estado. “El Tribunal Supremo de Justicia debe hablar también y decir si está de acuerdo con las invasiones por parte de los tribunales militares y el aniquilamiento de la justicia ordinaria, así como las atribuciones del Ministerio Público, órgano que tiene el monopolio de la investigación y acusación penal en Venezuela”.
