Presos políticos
El exparlamentario, abogado, defensor de los derechos humanos y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez, catalogó como un acto de desesperación por parte del Estado, el emitir un decreto donde se ordena al Dgcim y al Sebin, en un plazo de 30 días, transferir la custodia al sistema penitenciario y proceder al traslado de los presos políticos hacia estos centros denominados “cunas de torturas”.
Tal y como ha sido reconocido en los acontecimientos del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arevalo, con respecto a los casos de las “Pailas del Infierno”, la intención ha sido maquillar las actuaciones reprochables e inhumanas de estos cuerpos de seguridad, que también son señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Las autoridades tienen conocimiento de que el sistema carcelario de nuestro país es un Estado paralelo que tiene su propio gobierno independiente, dirigido por los pranes internamente. Es de conocimiento que estos tienen conexiones externas con las bandas criminales, lo que resulta sumamente peligroso para la vida de los presos políticos, manifestó.
Narváez señaló a la administración de Nicolás Maduro de ser la responsable de la aniquilación y en el entierro definitivo de los derechos humanos en Venezuela. Aunado a esto, destacó que ya no hay derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra CRBV y en los pactos internacionales que se puedan seguir vulnerando.
El Estado anda sumamente nervioso por lo que la fiscal hoy en ejercicio y la misión independiente de determinación de hechos de la ONU han establecido en sus informes: hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido Crímenes de Lesa Humanidad.
El oficialismo hace esfuerzos por dar entender a la Corte Penal Internacional que ahora sí se va a hacer justicia, olvidando que estos Crimenes horrendos no prescriben, detalló Narváez.
Este informe pudiera darse por parte de la Fiscal saliente en pocos días antes de la entrega formal al nuevo fiscal Karin Kan, experto en materia penal internacional con una larga trayectoria, quien asumirá el cargo expresó el abogado.
El penalista afirmó que, por primera vez en Latinoamérica, pudiéramos estar en presencia del inicio de una investigación penal contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Narváez resaltó que la CPI, a diferencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no sanciona penalmente al Estado sino que individualiza la responsabilidad penal sin privilegios ni arrepentimientos, al abarcar al jefe de Estado, militares de alto rango y jefes de cuerpos de seguridad (tanto actores materiales, como aquellos que dieron la orden). El brazo largo de la Corte Penal Internacional no tiene limites para alcanzar a los responsables.
Nota se prensa



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