El exparlamentario, abogado y defensor por los derechos civiles, Rafael Narváez, presentó el balance del año 2022, donde aegura que el Estado sepultó los derechos humanos (DDHH) de los venezolanos en el 2022.
Recalca Narváez, que uno de los derechos más vulnerados por el Estado es el derecho a un salario digno que le permita al pueblo adquirir los artículos de la canasta básica que ya es inalcanzable porque actualmente lo que percibe un trabajador son 7,59 dólares que no alcanza para adquirir algo de carne y un cartón de huevos porque los salarios son en bolívares y los precios en dólares.
Además, una pensión de hambre que coloca a nuestro abuelos en la dolorosa decisión de comprar medicamentos para la tensión arterial o adquirir unos cambures para llevar algo en el estómago, el derecho a la salud que solo está garantizado para los poderosos porque gozan de seguros en dólares mientras que los menos pudientes se ven obligados acudir a los hospitales que no prestan un buen servicio porque tanto los pacientes o familiares deben llevar todo para que los atiendan.
Mientras el caso de los pacientes crónicos, Narváez dice que es grave porque pueden cumplir su tratamiento colocando en riesgo sus vidas. Tal es el caso de los que sufren de cáncer, enfermo renal que deben dializarse tres veces por semanas y a veces logran una sola.
Sepultó los DDHH en el 2022
En cuanto a los niños del JM de los Ríos, sostuvo que es una prueba de la violación del derecho a la salud por parte del Estado al no reactivar el programa de trasplante y así evitar la muerte de niños que ocurren por indolencia.
“En tercer lugar, estoy obligado a referirme al derecho a una justicia imparcial , autónoma e independiente que administre justicia como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.
Aseguró Narváez, que este es un derecho que sigue siendo vulnerado sistemáticamente por parte del Estado, sistema de justicia politizado y como ejemplo se sigue mostrando el caso de los presos políticos víctimas de violaciones graves a los DDHH, al debido proceso, garantías procesales y garantías constitucionales algunos con boletas de excarcelación y aún siguen privados de libertad que por esos motivos y muchos más en la CPI se procesa y se investiga los Crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela el año 2017.
En cuanto al caso de los servicios básicos, es un derecho negado a los ciudadanos en forma intermitente y el más afectado es el derecho al consumo del agua potable que ya no lo es, la energía eléctrica sigue estando en racionamiento y el gas doméstico por cilindros lo reciben quien esté en la lista de los consejos comunales y los que no aparecen su destino es la leña.
Limitado el derecho a la libertad de expresión
El exparlamentario aseveró, que otro de los derechos que en los últimos meses del año 2022 el Estado ha arremetido sin piedad, es contra la libertad de expresión, limitando el derecho a informar, libre ejercicio del periodismo y al trabajo con el cierre descomunal de emisoras de radio sin derecho a la defensa, el abuso de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos con intimidación y violencia volando el derecho a la seguridad personal.
“Estamos en presencia de un Estado sin alma, indolente e inhumano que mantiene los derechos humanos en la oscuridad, finalizó el defensor por los derechos civiles”, concluyó el abogado y defensor por los derechos civiles.
Con boletín de prensa
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