El negocio petrolero venezolano está agonizando. PDVSA ya no es una industria, sino una agrupación estatal con más de 100 mil empleados, una deuda gigantesca y una producción que tiende a cero. Sus instalaciones están en ruinas, y seguirán así mientras la dictadura chavista se mantenga en el poder. No hay forma de recuperar un negocio que fue de grandes ligas –y que el Estado llevó al nivel de una caimanera- si no sucede antes la salida del régimen.

No hay mal que dure cien años, dicen, y por simple ejercicio de futuro imaginemos al ministro de Energía de la era post chavista (suponemos que aún no existe la Agencia Venezolana de Hidrocarburos) sentado en su escritorio el día 1 de la gestión del nuevo gobierno. Tiene en la mano la nueva Ley de Hidrocarburos (LOH), aprobada durante el interinato por la Asamblea Nacional, y hay que decidir las acciones más inmediatas para que el petróleo comience a producirse y los fondos entren sin demora en la caja registradora de un país quebrado. La gran mayoría de la población está en pobreza extrema y no hay tiempo que perder. Los grandes estudios, los análisis probabilísticos y la evaluación en detalle del daño que presenta la infraestructura petrolera se quedarán para más adelante. Por ahora, hay que reactivar lo más inmediato y lo que genere mayor valor.

En el país no hay plata ni gente preparada para lo que se viene encima. Las primeras decisiones del Sr. Ministro tendrían que ir a asignaciones directas a empresas grandes, con bolsillos profundos y experticia de vanguardia. La LOH (la versión a la que se puede tener acceso en las redes) lo permite –Actividades Delegadas, las llama- previa aprobación de la Asamblea, como también permite que los operadores contratados por el Estado comercialicen sus propios hidrocarburos, tengan el 100% de participación en los negocios que operen y puedan contar con rebajas en la regalía de producción si el caso económico lo justifica. Como la ley no contempla un aparte de protección de inversiones (apenas en una oración se incluye la palabra Arbitraje), la incertidumbre inevitable que van a enfrentar los futuros operadores tendrá que compensarse con mejores condiciones. Porque el riesgo cuesta, y nadie puede garantizar que el populismo confiscador no reaparezca dentro de 10 o 15 años.

Entre las víctimas de la gestión petrolera de los últimos 20 años hay que darle sitio de honor a la información. Nadie sabe cuántos Terabytes de datos se han perdido, cuántos archivos se llevó el viento ni qué tan confiables pueden ser los que aún existen. Nadie será capaz de conocer con un mínimo de certeza el estado de las áreas de producción, la situación de la planta industrial y la ubicación de los huecos en los ductos. Las primeras obras de emergencia que se asignen a terceros deberán seleccionarse en base a instinto y a evaluaciones generales. El Banco Nacional de Información que prevé la ley deberá esperar con un poco de paciencia a que la información se recoja y se valide, evitando convertirse en un muro burocrático que retrase las operaciones porque faltaron 30 formatos por llenar (pasa en los contratos petroleros de países mucho más estables que Venezuela).

Al final, la primera fase de la reactivación del negocio petrolero venezolano tendrá un alto componente de riesgo, combinado con una gran urgencia por resultados a corto plazo. Del lado del Estado, se requerirá gente capaz de negociar proyectos grandes desde la desventaja. Gente con un conocimiento muy amplio del sector, mucha flexibilidad y una honestidad a prueba de balas. Raras avis. Expertos que existen pero que en su mayoría se fueron del país, así que habrá que esforzarse por atraerlos. No será el sitio para improvisados ni diletantes, que de esos hay muchos.

Y siempre recordemos la condición indispensable. Hay que esperar a que cese la usurpación. No queda de otra.




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