Miles de empresas privadas resultaron blanco de la política de expropiaciones del chavismo desde el año 2000, con la excusa de apalancar la seguridad y soberanía agroalimentaria, el manejo de recursos estratégicos para dinamizar la economía interna no petrolera, la estabilidad laboral y el supuesto control obrero.
A 22 años del arranque de este esquema gubernamental, decenas de compañías estatales cerraron sus puertas, el país recién sale de la recesión económica y ha acumulado demandas en tribunales arbitrales internacionales por grandes sumas de dinero. También resalta el deterioro de las exportaciones, de los servicios públicos y se ha generado un éxodo laboral de grandes proporciones.
En las últimas dos décadas el país se sumió en una recesión continua de seis años en la que se perdió entre 75% a 80% del tamaño de la economía, en una caída de la actividad petrolera de 2,5 millones de barriles diarios; de una producción cercana a cero de las empresas siderúrgicas y de aluminio, así como de mínimos históricos de la única empresa cementera que queda en pie.
A esto se suman las 6,5 millones de hectáreas de tierras “rescatadas” por el gobierno de Chávez desde que se promulgó el Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Luego se intervinieron 4 mil hectáreas más, consideradas por el gobierno como latifundios. Esta política trajo como consecuencia las invasiones ilegales y matanzas de reses en las fincas, y no llegó la tan ansiada “soberanía alimentaria”, puesto que aún hoy el país depende de las importaciones.
País estancado
Para el director del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez, es inquietante observar que después de estas decisiones gubernamentales, el país terminó sin crecimiento económico, sin mejoría ni bienestar social. Se perdió la importante actividad operativa de las empresas y el rol de los empresarios, que combinan factores de producción como el capital, el trabajo, la tecnología y la tierra para obtener resultados.
Además, el «exprópiese» del entonces presidente Chávez vino cargado de adquisiciones forzosas, decretos de utilidad pública e interés social, soberanía petrolera y estatización por fines estratégicos. Esto generó cientos de demandas en tribunales arbitrales internacionales.
De acuerdo con un reciente informe de Cedice Libertad, el país ha resultado demandado por 30 mil millones de dólares por expropiaciones, confiscaciones y violaciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros, amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países.
Según los cálculos de Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitrajes, los montos que hasta ahora Venezuela ha terminado condenada a pagar a los acreedores arbitrales, así como los costos asociados a estos procedimientos, asciende a 21 mil 299 millones de dólares, lo cual representa alrededor del 14% de la deuda externa venezolana.
El rol del trabajador
Además, el chavismo jugó a darle supuesto “poder y fuerza” al trabajador en la toma de decisiones en las empresas expropiadas y estatizadas, pero ello devino en un exagerado aumento de la nómina laboral en más de dos millones de empleados, gracias a que el Estado contó con los ingresos de los llamados petrodólares.
“De 2007 a mediados de 2008, cuando el ritmo de las nacionalizaciones se aceleró, el Estado incorporó a su nómina casi 41 mil 400 nuevos trabajadores, un aumento del 7,2% desde comienzos de 2007 y del 53,5% desde el inicio del gobierno de Chávez; en total, se incrementó el número de trabajadores en la nómina del Estado del 1,4 millones a 2,1 millones (…) El sector público se colmó de trabajadores, pero la productividad bajó», se indicó en el libro Un dragón en el trópico, de Michael Penfold y Javier Corrales.
Llegaron los despidos
Sin embargo, a pocos años de la política de expropiación, el despido llegó. Hoy, millones de trabajadores han quedado sin empleo por el cierre de muchas de las empresas estatales, sus beneficios salariales mermaron, ya no cuentan con buenos salarios, comedores, economatos ni seguros médicos. Los que permanecieron en las compañías expropiadas decidieron luego hacer vida laboral en el mercado informal ya sea como vendedor u ofreciendo algún servicio, mientras que otros prefirieron ser parte de la migración venezolana que suma 6 millones de personas.
Casi todas de estas expropiaciones ejecutadas en gran medida entre 2007 y 2010 fueron televisadas en cadena nacional en actos con trabajadores de las empresas privadas y en donde expresaban su alegría por la decisión tomada del chavismo. Pero hoy, sus caras muestran descontento y desaprobación.
A juicio del representante sindical de los trabajadores petroleros, Iván Freites, los “más perjudicados con la política de expropiación y estatización en Venezuela fueron los trabajadores y especialmente los del sector petrolero, ya que perdieron todos sus derechos laborales. Hasta el Fondo de Jubilación de Pdvsa fue expropiado”.
Estado superado en su capacidad
Recientemente se conoció que el Sambil de La Candelaria fue devuelto a sus dueños: la familia Cohen. Este centro comercial fue expropiado en 2008 y luego de varios intentos, nunca tuvo una utilidad pública seria en manos del chavismo. Cifras de Cedice Libertad señala que en Venezuela se expropiaron, estatizaron, nacionalizaron y confiscaron unas 5 mil 500 empresas.
Entre los casos emblemáticos de expropiación están la firma británica Vesley Group y el Hato Piñero de la familia Branger, años después Agroisleña; Lácteos Los Andes, la planta procesadora de arroz Cristal de Cargill Venezuela; Fama de América; Monaca; y los frigoríficos industriales de Perijá (Fricapeca) y de Barinas (Fribarsa). Ni hablar de Venepal, Inveval, las cementeras Lafarge (francesa), Holcim (suiza) y Cemex (mexicana); la Owens Illinois; o las estaciones de servicio British Petroleum, Texaco, Trébol, Llanopetrol y Shell, entre otras operaciones asumidas por Pdvsa; la Cantv y la Electricidad de Caracas y hasta el Banco de Venezuela, que estaba en manos del grupo español Santander, la cadena comercial Éxito o los hoteles administrados por Hilton.
Control exagerado
Transparencia Venezuela señaló, en su informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela, un modelo de control del Estado, que entre 2001 y 2017, pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, ya sea por vía de creación o expropiación. En ese entonces, el total actual de empresas estatales era cuatro veces el de Brasil (130) y diez veces el de Argentina (52). La ONG precisó recordar que, tanto en Brasil como en Argentina, el Estado atiende a una población sustancialmente mayor a la de Venezuela.
El fracaso del chavismo de impulsar el país a través de este control de la economía, es un tema del cual pocos hablan en el alto gobierno, aunque algunas voces se han dejado escuchar, como la del dirigente del Psuv y ahora gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, que en el año 2016 admitió que “la política de expropiación fue un error”.
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