A través de un comunicado emitido desde sus redes sociales, el rector electoral Roberto Picón asume posición frente a lo sucedido en el estado Barinas, luego de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, basada en un dictamen de la Contraloría General de la República que resultó extemporáneo.
Asegura que “la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación: de más está recordar que, de haber sido notificada, hubiera sido imposible procesar la solicitud del mencionado ciudadano».
Agrega que con ello “no solo se falta gravemente a la potestad del Consejo Nacional Electoral, sino también a la voluntad del pueblo de Barinas; causando, a su vez, un flagrante estado de indefensión del ciudadano inscrito como candidato al cargo de gobernador”.
Competencias del Poder electoral afectadas
En el texto emitido retoma la disertación del máximo tribunal sobre el resultado por el cual Freddy Superlano aventajó, con 37,60% a su más cercano competidor, Argenis Chávez, quien concentró, por su parte el 37,21%. Al respecto, aclara que si bien la sentencia del TSJ no perturba la validez del proceso comicial “sí afecta las competencias” del Poder Electoral y superpone circunstancias ajenas al proceso comicial del 21N y a cada una de la fases del cronograma electoral oportunamente informadas, aprobadas y avaladas por actores y entes involucrados.
«Asimismo, incorpora elementos inéditos que deberían surtir efectos de ajuste técnico para el futuro, y no para desmerecer el evento en el que los electores del estado Barinas manifestaron su voluntad a través del sufragio, confiados en que su voto sería respetado
Fijo posición ante la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que ordena al CNE realizar nuevas elecciones para gobernador de Barinas.
Dejo constancia de que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación. pic.twitter.com/J93q7oQK7p
— Roberto Picón – Rector – Junta Nacional Electoral (@rpiconh) November 30, 2021
En tal sentido, exigió a la Contraloría General de la República una “actuación diligente, oportuna y transparente en relación a su deber de notificar al CNE y al público en general a través de redes sociales y página web, de toda decisión que pueda afectar los derechos de electores y candidatos”.
