Desplazados en Apure. (Foto: cortesía)

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) emplazó al Estado venezolano a que cumpla con su obligación de proteger los derechos de los niñas, niños y adolescentes de las poblaciones de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, El Ripial y Guafitas, en la frontera del Alto Apure.

Según esta ONG, la situación se suma a las múltiples violaciones a los derechos que NNA y sus familias padecen debido a la Emergencia Humanitaria Compleja instalada en el país desde hace más de cinco años y a las consecuencias de la pandemia por la COVID-19, reseñó Efecto Cocuyo.

Recordó la Redhnna en un comunicado que las autoridades, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en conflictos armados y de otros y tratados de derechos humanos, debe manejar con extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el escrito de la organización exhorta a garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual, represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir separación de sus padres y familiares.

1.700 menores de edad vulnerables

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia, el conflicto armado en Apure ha ocasionado el desplazamiento forzado de al menos 4.700 personas, 1.400 familias y 1.700 son NNA.

Aunque en la localidad de Arauquita en Colombia se han creado campamentos de desplazados, el gran número de quienes han huido y siguen huyendo supera de manera significativa su capacidad de respuesta por lo que han pedido el apoyo de organizaciones internacionales, aseguran.

La ONG manifestó su preocupación por el reconocimiento que han hecho integrantes del Gobierno de Nicolás Maduro de que en esa zona de Apure se han sembrado minas antipersonas, así como que se incorporó a las labores de defensa de la zona a la cuestionada  Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Polícía Nacional Bolivariana (PNB).

La Redhnna exige por todo ello:

  1. Garantizar que la actuación militar y policial en la zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la población residente de estas comunidades.
  2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor tiempo posible.
  3. Crear los mecanismos seguros para el retorno de la población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional humanitario y con respeto a su dignidad personal.
  4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
  5. Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de refugiado con los derechos y garantías que dicho estatus implica.

Con información de Efecto Cocuyo




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