Una decena de relatores de la ONU sobre derechos humanos exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que ordene una investigación imparcial de las muertes ocurridas en las protestas que tienen lugar en ese país y libere a los detenidos en ellas.
Esas personas no han cometido ningún delito y, muy por el contrario, ejercían su derecho a expresarse y a reunirse de forma pacífica, dijeron en una declaración conjunta emitida en Ginebra.
«Urgimos al gobierno a que tome acciones inmediatas para resolver esta situación y que permita que las voces críticas y disidentes se escuchen en Venezuela sin miedo a las represalias, amenaza o acoso de otro tipo», declararon.
Entre los firmantes se encuentran los relatores especializados en el derecho a la opinión y expresión, así en ejecuciones extrajudiciales, tortura o la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otros.
De acuerdo a los datos recogidos por esos expertos, que cuentan con un mandato de la ONU para supervisar y opinar sobre lo que pasa en distintas partes del mundo, únicamente entre el 21 y el 29 de enero pasado más de 1.000 personas fueron detenidos arbitrariamente en el curso de protestas en Venezuela, incluidos varios menores de edad.
«La mayoría de detenidos fueron mantenidos incomunicados por días, sin acceso a sus familia ni a una defensa legal», denunciaron los relatores.
Asimismo, éstos cuentan con información que indica que 26 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos progubernamentales de tipo paramilitar, que utilizaron municiones reales, balas de caucho y perdigones contra la multitud.
