El memorando de entendimiento así como la instalación de una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, logros alcanzados durante la gestión de Michelle Bachelet, podrían quedar en peligro tras la renuncia de la funcionaria, pues se desconoce qué importancia les dará la nueva gestión de quien resulte electo en agosto como el sucesor de la expresidenta de Chile.
Bachelet anunció que, “por razones personales”, entregará el cargo, por tanto, no aspira a la reelección. La noticia se dio a conocer el pasado lunes 13 de junio durante la apertura de la 50° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevó a cabo en Ginebra.
Bachelet, que comenzó a dirigir esta oficina desde septiembre del 2018 y su mandato culmina el próximo 31 de agosto, expresó que retornará a su país: “Es hora de volver a Chile y a mi familia”.
Ante esta noticia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó palabras de agradecimiento a la gestión de la socialista chilena.Pero mucho se rumora que su decisión responde a las fuertes críticas que enfrentó tras su visita a China a finales del mes de mayo. Un viaje que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de “error” y del que advirtió que sería utilizado por Pekín con fines de propaganda.
El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó de “desastrosa” la gestión de Bachelet en China, y subrayó que debería sucederla en el cargo alguien “menos diplomático” y más crítico frente a los abusos.
El caso Venezuela
Lo cierto es que, en medio de este escenario, se cuentan algunos logros de Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos con respecto a la crisis que agobia a Venezuela: la instalación de una oficina y alcanzar con el Gobierno de Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento.
Pero, si algo ha quedado claro es que esto solo fue posible gracias a los acuerdos y las buenas relaciones entre Maduro y Bachelet, por lo que se pone en duda si estos avances se mantendrán con quien llegue a suceder a la Alta Comisionada.
Alí Daniels director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, aseguró que este anuncio de Michelle Bachelet se da en el último minuto. “Esperó hasta la última hora para anunciarlo, porque el mandato se le acaba en el mes de agosto y estamos en junio”.
Dos grandes logros
Para el defensor de DD.HH., en el caso venezolano, a pesar de las críticas que pudiesen tener algunos activistas sobre su desempeño —el silencio que a veces tuvo en algunos temas, como, por ejemplo, la elección del Tribunal Supremo de Justicia por fraude constitucional—, también se pudiese decir que durante su gestión Bachelet hizo referencia a graves violaciones a los derechos humanos en el país.
La tortura, la represión, el retardo procesal, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución y el amedrentamiento en contra de los defensores de derechos humanos resultaron casos en los que Bachelet se pronunció sobre Venezuela.
En este contexto, Michelle Bachelet alcanzó dos acuerdos fundamentales con el Gobierno venezolano en pro de fortalecer los derechos humanos.
El 23 de septiembre del 2019 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. y el Gobierno de Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento que establecía una base para un diálogo continuo y buscaba establecer una oficina de este organismo en el país.
De la misma forma, el acuerdo permitía el acceso a los oficiales de derechos humanos a los centros de detención y se les otorga libertad de movimiento a lo largo del país.
Este acuerdo se estableció con una duración anual y con renovación periódica. Asimismo, se logró establecer la oficina en el país.
Continuidad en entredicho
Es por ello que el abogado Alí Daniels ve con preocupación la existencia futura de estos alcances, “porque la oficina existe en el país no porque es un convenio, que es lo que debió haber ocurrido —un convenio entre la oficina de la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano— sino que lo que existe es un memorando de entendimiento, lo cual permitiría al Gobierno, en cualquier circunstancia, revocar la posibilidad de que exista la oficina; por eso nos preocupa”.
“No queremos que el Gobierno utilice como excusa el que no va a estar Bachelet para cerrar esa oficina, y menos cuando el fiscal de la CPI señaló que iba a apoyarse en la oficina de la Alta Comisionada, por lo cual existen más bien razones para que esa oficina continúe”, detalló.
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