Dos de los tres integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU anunciaron su renuncia. Lo hicieron en medio de crecientes dificultades operativas y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del mecanismo.
Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez dejarán sus cargos el 31 de octubre. Esto convierte a la jurista portuguesa Marta Valiñas en la única miembro activa del grupo.
El abogado chileno Francisco Cox Vial, quien ha formado parte de la Misión desde su creación en 2019, comunicó su decisión en una carta dirigida al embajador Jürg Lauber, fechada el 23 de septiembre. En ella agradeció al Consejo de Derechos Humanos por el respaldo brindado durante años de trabajo en condiciones adversas. "Ha sido un honor servir en esta capacidad y sigo agradecido al Consejo de Derechos Humanos por este honor y el apoyo brindado a la Misión en estos tiempos difíciles”.
Cox también reconoció el compromiso de sus colegas Marta Valiñas y Patricia Tappatá, así como la colaboración de víctimas y organizaciones venezolanas.
Sobre los motivos de su renuncia, Cox señaló: “Otras obligaciones profesionales, junto con la convicción de que he completado mi función en la Misión y de que nuevas perspectivas pueden contribuir mejor al cumplimiento del mandato (...) han determinado esta decisión.”
Patricia Tappatá Valdez: preocupación por las limitaciones
La defensora argentina Patricia Tappatá Valdez, quien se incorporó a la Misión en 2021, también formalizó su salida. Lo hizo mediante un comunicado en el que expresó su preocupación por las limitaciones recientemente anunciadas, que, según ella, agregarán precariedad al trabajo del equipo.
Subrayó que el mandato requiere conocimientos especializados y dedicación exclusiva. Estas condiciones se ven comprometidas por los recortes presupuestarios y restricciones operativas.
Desde 2014, ambos expertos investigaron y documentaron violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros posibles crímenes de lesa humanidad. Sus informes, a pesar de enfrentar obstáculos como la falta de testigos y la escasa cooperación del gobierno venezolano, han sido fundamentales para atribuir responsabilidades a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y mantener la atención internacional sobre la crisis del país.
Sin embargo, la salida de dos de sus tres integrantes genera dudas sobre la continuidad de la Misión en un contexto de creciente tensión política.
