foto AFP

Los cuerpos de los integrantes del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito asesinados en Colombia por disidentes de la exguerrilla FARC fueron repatriados este miércoles a Ecuador.

Los cadáveres del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) partieron desde Cali (suroeste) hacia la capital ecuatoriana en una aeronave de la fuerza aérea de Ecuador, constató un fotógrafo de AFP.

El avión despegó la mañana de este miércoles desde la principal ciudad colombiana en el Pacífico, con los familiares de los tres asesinados y autoridades ecuatorianas a bordo.

Los féretros fueron cubiertos con banderas ecuatorianas y flores. Antes de ser repatriados, los cuerpos del fotógrafo, el reportero y el conductor fueron homenajeados por la policía antisecuestro de Colombia.

En Quito, serán trasladados a una funeraria y posteriormente a la sede de El Comercio, donde está preparada una capilla ardiente. El jueves se llevarán a cabo una misa y un homenaje del sector de la prensa.

El equipo del diario El Comercio fue secuestrado el 26 de marzo por un grupo que dirige el exguerrillero de las FARC Walther Arizala, conocido como “Guacho”, cuando realizaba un reportaje en la convulsa frontera donde operan bandas narcotraficantes.

Los tres fueron asesinados en cautiverio en Colombia, según anunció el gobierno ecuatoriano el 13 de abril, tras la difusión de unas fotografías que mostraban a tres hombres encadenados y ejecutados.

El 25 de junio los cuerpos, recuperados el jueves anterior en una zona selvática, fueron oficialmente identificados por las autoridades colombianas.

El caso conmovió al mundo y a Ecuador, un país que no está acostumbrado a este tipo de violencia.

Ambos gobiernos recibieron duras críticas por la información contradictoria que ofrecieron. Ecuador protestó por el “insensible” trato dispensado en Colombia a la muerte de sus ciudadanos.

“Guacho” se apartó del pacto de paz con la ya disuelta guerrilla de las FARC, que condujo el año pasado al desarme de unos 7.000 combatientes y a la transformación de los rebeldes en partido.

Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes, una negociación que según los disidentes se frustró por los operativos militares.

A raíz de este caso, Colombia y Ecuador lanzaron una feroz cacería contra “Guacho” a ambos lados de la frontera.

De origen ecuatoriano, este exguerrillero es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cártel mexicano de Sinaloa y de tener también secuestrada a una pareja de ecuatorianos.

Sin un mando unificado, los disidentes, que sumarían unos 1.200, operan en apartados puntos de Colombia, donde disputan las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal.




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