Pasó una vez más. Dos reporteros de El Carabobeño fueron intimidados por dos hombres sin ningún tipo de identificación, mientras realizaban su labor periodística.

El hecho ocurrió cuando los comunicadores de esta casa editorial, Kevin Arteaga González y Dayrí Blanco, acompañados del periodista César Heredia, daban cobertura al drama que enfrentan familiares de pacientes con COVID-19 a hacer largas colas para la recarga de bombonas de oxígeno.

En las afueras de un negocio que presta el servicio, en el sector La Candelaria de Valencia, entre las calles Andrés Bello y López, un sujeto vestido de civil se comunicó con alguien por teléfono y dijo “advertencia, tres en grupo”.

A partir de ese momento, los comunicadores se dieron cuenta que el hombre no dejaba de vigilar cada uno de sus movimientos, incluso, al abordar el puesto de copiloto de un vehículo, Aveo color plateado, lo seguía haciendo.

Posteriormente, cuando la reportera Dayrí Blanco, quien también es corresponsal de Caraota Digital y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) en la entidad, hacía la narración en cámara de parte de lo que las personas enfrentan para surtir los cilindros de oxígeno, el otro hombre que estaba sentado como chofer en el carro sacó su brazo por la ventana, para tratar de acercar el teléfono lo más posible, y así lograr que quien estaba en línea con él escuchara el reporte de la periodista.

Antes de retirarse del sitio, los comunicadores avisaron de lo que ocurría al coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, le mandaron la ubicación y todas las características del vehículo en el que se encontraban los hombres, quienes fotografiaron a los tres reporteros y el carro en el que se trasladaban.

El Instituto Prensa y Sociedad publicó la alerta del hecho:

No es la primera vez que un hecho como este ocurre. El 30 de marzo, el reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga González, fue intimidado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras realizar un trabajo periodístico en el municipio Naguanagua, al norte de la entidad.

Según los registros de IPYS Venezuela, se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, período en el que hubo una severa represión contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país.

La curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos  afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros. La emergencia sanitaria por la COVID-19 complicó aún más la labor informativa,  la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo.




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