El asunto no es muy complicado, si uno se abstiene de ideologías y subjetividades. Tan solo hay que concentrarse en el respeto a las instituciones y el cumplimiento de las leyes, poniendo a un lado posiciones políticas y negociaciones en curso. Como un análisis de laboratorio en donde se quiere estudiar una determinada variable sin la interferencia de otros factores que puedan alterar los resultados.

Las elecciones de diciembre de 2020 en las que se eligió a la actual Asamblea Nacional (AN6D, que llaman) fueron convocadas por un CNE que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2020. En ese momento existía una Asamblea Nacional en funciones (la AN electa en 2015 o AN2015) que debió encargarse del proceso de nombrar a las autoridades electorales, pero el Tribunal Supremo de Justicia la había declarado en desacato, por razones inentendibles para el común de los mortales, y argumentó un tema de lapsos vencidos –aprovechando, de paso, la pandemia- para apropiarse de una más de las funciones de la AN2015.

Antes de las elecciones del 6D el régimen, con la ayuda de sus poderes públicos, secuestró a varios partidos políticos opositores –AD, Primero Justicia y Voluntad Popular, entre otros- y se los entregó a quienes no tenían ningún derecho a dirigirlos, excepto su cuadre con el poder: una oposición pret-a-porter que serviría plácidamente a sus intereses (los del régimen). La Unión Europea, los EEUU y el grupo de Lima habían rechazado tanto el nombramiento del CNE como la convocatoria a elecciones, e incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en su momento que con el CNE de junio 2020 “disminuye la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

La oposición se abstuvo de participar en las elecciones, que al final tuvieron una concurrencia muy escasa, por decir lo menos. El chavismo dijo que habían votado unos 6 millones de electores o el 30% del padrón electoral. El consenso opositor estimó que entre 2,7 millones y 3,7 millones de votantes se presentaron a las mesas, o sea, que hubo entre 82 y 85% de abstención. El resultado oficial terminó favoreciendo a los partidos del régimen con más del 90% de los curules. Y por supuesto hubo acusaciones de fraude desde todos los flancos, locales y extranjeros, empezando por cuestionar un caudal de sufragios que no se vio en los centros de votación ni se registró en ninguna encuesta seria.

La AN6D, con su lastre de ilegal y con 110 diputados adicionales a los de su antecesora, tomó posesión el 5 de enero de 2021. El 4 de mayo juramentó a los nuevos integrantes del directorio del CNE, después de un proceso de selección que había comenzado en febrero. El 13 de mayo el directorio del CNE presentó el cronograma de las elecciones de alcaldes y gobernadores programadas para el 21 de noviembre próximo. El debate entre la participación y la abstención está sobre la mesa de las oposiciones, aunque ya los partidos del G4 (AD, PJ, UNT y VP) anunciaron que presentarán candidatos.

Hasta aquí la historia. Las elecciones están convocadas y que cada quien decida si se lanza o no, si vota o si se abstiene, pero falta mencionar un detalle que es obvio y se ha dicho miles de veces, pero no por eso deja de tener relevancia: las elecciones son ilegales. Írritas. Fuera de la ley. Son un bypass a las instituciones. Y la secuencia no deja dudas: el CNE que convocó las elecciones de la AN6D fue elegido por un poder público –el TSJ- que usurpó las funciones de la AN2015. Ese CNE y sus actos son, por lo tanto, inválidos. La AN6D salió de unas elecciones convocadas por un CNE inválido (sin contar las denuncias de fraude y las confiscaciones de partidos), por lo que ella misma es inválida, junto con el CNE que se designó en mayo de 2021. Si el CNE2021 es ilegal sus actos también lo son, así que las elecciones regionales venideras no son válidas, y todo el que se precie de cumplir las leyes y respetar las instituciones debería abstenerse de participar en un proceso que está fuera de la ley ¿Qué suena purista, demasiado exigente y exquisito? Pues que contesten los cientos o miles de analistas y opinadores, en Venezuela y en el resto del mundo, que exigen el apego estricto a las leyes y a la institucionalidad.




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