Francisco Belisario, alcalde venezolano, general retirado y miembro del gobernante Partido Socialista, se hartó. Su mayor crítico local lo había acusado de estropear la respuesta al brote de coronavirus y de otros grandes problemas.
En agosto escribió a un fiscal del estado y solicitó una “investigación exhaustiva” de su némesis Giovanni Urbaneja, un exlegislador y desertor del partido que se había convertido en una piedra en el zapato para el alcalde y otros funcionarios socialistas.
Urbaneja, escribió Belisario en una carta revisada por Reuters, estaba llevando a cabo una “feroz campaña de descrédito”, en Facebook y en otros medios. Urbaneja no solo lo difamó a él y al presidente Nicolás Maduro, escribió el alcalde. Violó la Ley contra el Odio de Venezuela.
La ley, aprobada en 2017 pero rara vez utilizada antes de este año, tipifica como delito las acciones que “incitan al odio” contra una persona o grupo. Había que acusar a Urbaneja de delitos de odio, imploró el alcalde al fiscal.
Días después varias decenas de agentes enmascarados allanaron su casa y lo llevaron a punta de pistola para “conversar”, según el informe policial de la detención y la esposa de Urbaneja. Urbaneja permanece preso a la espera de la formulación de cargos y el juicio.
El alcalde, en un mensaje de texto enviado a Reuters, confirmó su carta en la que solicitaba cargos por violación a la ley de odio contra Urbaneja.
Defendió su acción asegurando que la crítica de sus adversarios era injusta porque la respuesta local al coronavirus es administrada por el sistema nacional de salud, no por la oficina del alcalde.
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