(Foto AFP)
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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, apeló este miércoles el procesamiento que el pasado diciembre la Justicia dictó contra ella por asociación ilícita y administración fraudulenta relacionadas con la concesión de obras públicas durante su mandato.

Según señaló la agencia estatal de noticias Télam en base a fuentes judiciales, el texto de apelación fue entregado al juzgado federal donde se desempeña el magistrado de la causa, Julián Ercolini, por el abogado de la ex jefa de Estado Carlos Beraldi, y ahora deberá resolver la Cámara Federal si hace lugar al mismo.

En la apelación, Fernández negó la existencia de asociación ilícita, planteó la nulidad del procesamiento y rechazó todos los cargos en su contra.

En el expediente dirigido por Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre de 2016, se estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Es así que el juez ordenó en diciembre, además, un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 630 millones de dólares) contra Fernández, el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

No obstante, según Télam, la decisión de Ercolini fue apelada también por la defensa de Báez y se espera que el resto de acusados también lo haga.

En su dictamen, el juez había señalado que “se encuentra acreditado” que Fernández, De Vido, López y Báez y el resto de acusados habrían formado parte de una asociación que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, cuando terminó el mandato kirchnerista.

“Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”, remarcó el juez.

Aunque la exmandataria ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, esta es la primera vez que fue procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.

Fernández insiste desde hace tiempo que es víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático”.




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