Desde que apresaron a la presidenta de Control Ciudadano, el 9 de febrero pasado, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, Rocío San Miguel, cumple dos semanas detenida este viernes 23 de febrero.
San Miguel no tiene acceso a una defensa privada como lo establece la Constitución venezolana de 1999, reseña Efecto Cocuyo.
Pasaron más de 100 horas para que se conociera su paradero y los motivos de su arresto. El 12 de febrero el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, dijo que la presentaron en el tribunal segundo contra el terrorismo del área metropolitana de Caracas.
San Miguel acusada de conspiración "brazalete blanco"
No fue sino hasta el miércoles 14 de febrero cuando Saab ofreció declaraciones públicas en las que señaló a San Miguel y su expareja Alejandro González Canales de formar parte de un supuesto plan conspirativo que el Ministerio Público denomina “brazalete blanco”, en el que además implicó a militares (varios de ellos ya en prisión), periodistas venezolanos en el exterior y la defensora de derechos humanos Tamara Sujú. Contra ellos hay órdenes de arresto.
La desaparición forzada de San Miguel
Saab advirtió en ese momento que hablar de desaparición forzada, como lo denunciaron ONG nacionales e internacionales, e incluso la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH podría constituir un delito, al negar que el gobierno cometiera esta práctica, tipificada como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
Estado de indefensión
“Desde tempranas horas de hoy (jueves 22.02.2024), el equipo de defensa estuvo en el tribunal a la espera del traslado de Rocío San Miguel y Alejandro González de Canales para ser designados como defensa técnica. El traslado no se realizó y por ende continúa el estado de indefensión”, denunció el abogado Joel García en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
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