La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, expresó hoy preocupación por una ley en Nicaragua que ahonda la represión de la organizaciones de la sociedad civil, con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La ley que ha entrado en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló la entidad.
La norma dificulta el registro de las ONG al obligarlas a solicitar la aprobación del Gobierno para sus actividades y les obliga a darles nueva información, como las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios.
Asimismo, se prohíbe a las oenegés hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen esas acciones.
Igualmente, la ley establece una cuota máxima del 25 % de “miembros” extranjeros en cualquier organización, sin entrar en detalles, lo que la Oficina de Bachelet considera que restringe la libertad de expresión y asociación de los extranjeros en Nicaragua.
Ahonda represión de la sociedad
La entrada en vigor de la ley ha coincidido con una votación en la Asamblea Nacional para despojar a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales.
Desde 2018, se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, 137 de ellas únicamente este año.
Entre las afectadas están las principales ONG nicaragüenses de defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de la mujer y de los derechos de los pueblos indígenas, y otras que trabajan en el terreno de la educación, del desarrollo, así como asociaciones médicas.
También se ha cancelado la personalidad jurídica de doce universidades, que ahora están bajo el control del Gobierno.
Es crucial que las autoridades cesen las cancelaciones indebidas y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de prensa que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados, señaló el organismo de la ONU.
