El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este sábado que una treintena de personas que portaban banderas del partido opositor Primero Justicia (PJ) agredió a sus familiares en la ciudad oriental de El Tigre, a quienes amenazaron con quemarles la casa sin importar que haya personas dentro.
«Fueron 30 personas con banderas de PJ y dieron este ultimátum (…) dijeron: ‘La próxima vez vendremos a quemar esta casa de Tarek William Saab, no nos importa que haya gente adentro’, que la opinión publica entonces saque sus conclusiones», dijo el defensor en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.
El funcionario responsabilizó directamente «a la dirección nacional de PJ» -partido al que pertenece el líder opositor Henrique Capriles y el presidente del Parlamento, Julio Borges- por este hecho ocurrido en la ciudad del oriental estado Anzoátegui o lo que le suceda a sus parientes «en cualquier lugar de Venezuela«.
Dijo que asocia «este ataque» contra la casa de sus padres en esa ciudad con la postura que dice ha tenido como defensor del pueblo y como presidente del Poder Ciudadano, «como garante de la paz en este país».
«Por no haberme prestado un golpe de Estado institucional, por no haberme prestado a facilitarle a sectores antidemocráticos una vía, un puente, hacia una guerra civil en este país, por la postura firme que he mantenido en defensa de la legalidad democrática y la Constitución y la ley», dijo.
Apuntó que esto ocurre a solo horas de que hubiera «desenmascarado» que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, supuestamente no manifestó ninguna objeción a la designación de un grupo de magistrados que hoy pide sean destituidos por anulación de su designación.
Ortega Díaz ha dicho que estos jueces fueron elegidos dentro de un proceso irregular que involucró no solo a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) controlada por el chavismo sino también al Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano a la que pertenece la Fiscalía junto a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.
Este recurso introducido el pasado 14 de junio por la fiscal fue rechazado dos días después por el Supremo que, junto con esa decisión, advirtió de que cualquier acción que tenga el objeto de anular la designación de esos magistrados es nulo y «quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa».
La denuncia de Saab ocurre cuando se desarrolla en el país una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que hasta ahora han dejado 74 fallecidos, cientos de heridos y de detenidos.
