Tarek William Saab (Foto EFE)

Tarek William Saab, designado fiscal general de la República por la Asambla Constituyente, afirmó este lunes que su participación plena en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) del 16 de noviembre lo legitima ante la comunidad internacional.

Saab asistió a esta reunión, celebrada en Argentina, en donde aseguró que se le dio participación plena, con voz y voto, y resaltó que la propia asociación presenta su nombre como el del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela.

“Firmamos el acta y colocamos: firmo esta acta dejando constancia (de) que mi participación como fiscal general de Venezuela ha sido plena con voz y voto, hecho que legitima ante la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos nuestra designación y pleno ejercicio del cargo”, señaló hoy durante una rueda de prensa en Caracas.

La explicación de Saab se debe a que su designación en el cargo fue hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, una junta plenipotenciaria conformada únicamente por oficialistas y cuya instalación ha sido calificada de ilegítima y fraudulenta por parte de la oposición venezolana y de la comunidad internacional.

Saab considera bien importante destacar su participación en esta reunión de la AIAMP a la luz de batallas institucionales en pro de los derechos humanos, en pro de la legalidad y en función de mantener un clima de paz institucional en Venezuela y en la región.

La predecesora de Saab, Luisa Ortega Díaz, fue destituida el pasado 5 de agosto por la Constituyente, y esta destitución ha sido rechazada de igual forma por la sociedad civil y por varios gobiernos del mundo.

Ortega había rechazado la elección de la Constituyente por considerarla una “ambición dictatorial” del chavismo lo que, entre otras denuncias, la ha convertido en una de las voces más críticas al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.

La exfiscal salió de Venezuela el 18 de agosto y desde entonces ha viajado por varios países para denunciar la actuación del Gobierno venezolano y de las instituciones que, a su juicio, controla el Ejecutivo y que, asegura, violan los derechos de los ciudadanos.

El pasado jueves, también denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y afirmó que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.




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