Diego Salazar, Saab
(Foto AFP)

El Ministerio Público (MP) investiga a 18 compañías por incurrir en presuntos ilícitos cambiarios. Unas no poseen domicilio fiscal y operaban bajo la fachada de empresas productivas, mientras que otras estaban estructuradas de manera delictiva, para cometer ilícitos como sobrefacturación hasta por 130.000% en productos de importación, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

En rueda de prensa, indicó que una de las compañías involucradas era la empresa Corporación Bates Hill C.A, encargada de servicios funerarios, y que trasegaba las divisas hacia una filial en Panamá de nombre Corporación Bates Hill INC, de la que derivaron otras 25 compañías.

A la compañía le fueron asignados por Cadivi 17,2 millones de dólares para la adquisición de químicos, elaboración de placas funerarias y descomposición de materiales ferrosos, entre otros, que cotizaron a 650 y 724 dólares por kilogramo, cuando su precio en el mercado internacional oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo.

Ante estas irregularidades, la Policía Nacional Anticorrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en conjunto con la Fiscalía, han realizado cuatro allanamientos a Bates Hill C.A, lo que condujo a la aprehensión de los dueños del grupo, Juan Miguel y Andrés Daniel Lozano Espinoza, al momento en que intentaban abordar un vuelo charter para trasladarse de Venezuela hacia Aruba.

Están a la orden del Juzgado 26 de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas por estar supuestamente incursos en los delitos de obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Se investigará complicidad de funcionarios

El fiscal anunció que también se investigará la complicidad de funcionarios de la extinta Cadivi y de Cencoex en el otorgamiento irregular de divisas.

“¿Los funcionarios que entregaron estas divisas no se dieron cuenta de este sobreprecio?”, dijo, al tiempo que precisó que las solicitudes no eran mayores a 50 mil dólares “y se les daba prioridad para su aprobación por tratarse de productos de primera necesidad, así se aprovecharon de la simplificación de trámites administrativos para la obtención de divisas”.

Saab informó además que se solicitará a Interpol la activación de alerta roja para la detención de cinco empresarios prófugos de la justicia venezolana: Walter Eduardo Jaramillo Rivas, propietario de la empresa de maletín Magma Mineral Globe INC, que entre 2008 y 2011 recibió al menos nueve millones de dólares del Estado venezolano para producción e importaciones; y los accionistas de la cooperativa Fortezza Da Basso R.L., otra compañía de fachada, Elisaúl Tejada, José Rosal, Laura Muñoz, Isabelio Porta y Paolo Ganesa que recibieron 28 millones de dólares entre 2005 y 2013.

Además, se gestionará la repatriación del dinero “que pertenece al pueblo venezolano y que bastante nos hace falta en este momento”, indicó Saab.

Las investigaciones no solo se han centrado en las faltas señaladas en la Ley de Ilícitos Cambiarios, sino también en los delitos como fraude importador, sobrefacturación, subfacturación y fraude en precios de transferencia.

Con estas acciones, explicó el fiscal, se salda la deuda dejada en el MP. En 2014, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, mil empresas fueron convocadas por instrucción de la Presidencia de la República para que se verificase el uso correcto de las divisas otorgadas. 230 no respondieron al llamado, mientras que se detectó que 900 empresas del sector químico incurrieron en delitos de sobrefacturación. Estos casos, finalmente, fueron silenciados.




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