Tarek William Saab volvió a denunciar este domingo las irregularidades que supuestamente encontró en el Ministerio Público (MP) tras la salida de su predecesora, Luisa Ortega Díaz, tras un periodo de confrontación con el Ejecutivo.
El fiscal general electo por la Asamblea Constituyente aseguró que al asumir las riendas de la Fiscalía se encontró con una realidad que supera la ficción, con un despacho convertido en una compañía privada que servía para una red de extorsión.
«La extítular del MP duró 9 años y medio, el tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia, y convertirlo en una compañía privada (…) para que se delinquiera en nombre de la justicia», dijo en una entrevista con el canal privado Televen.
Saab aseguró que la institución fue degradada» de una manera planificada con los meses y años que Ortega Díaz se mantuvo al frente del órgano que conforma parte del Poder Ciudadano de Venezuela.
Saab ascendió al puesto gracias a la destitución de Ortega Díaz, luego de un procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia y concretado por la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder controlado totalmente por oficialistas.
El ahora fiscal, que hizo parte de la investigación que logró la salida de Ortega Díaz, ha denunciado en reiteradas ocasiones el funcionamiento de una «red de extorsión» operada por fiscales que pedían dinero a cambio de no formular delitos contra los implicados en investigaciones.
Este descubrimiento se hizo después de que la exfiscal general comenzará a denunciar la ruptura del orden constitucional de Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y de los poderes públicos al servicio de su administración.
Saab aseguró que se han hallado pruebas de transacciones irregulares tasada en moneda local, en bienes materiales y otras en moneda extranjera.
También investigaciones que inició la Fiscalía y que fueron archivadas sin ninguna razón aparente por presuntos delitos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Entre ellas citó el caso de diez empresas investigadas por «el presunto desfalco, producto de sobreprecio en 12 contratos, que pudieron haberle ocasionado al país un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares».
En los últimos meses de Ortega Díaz al frente del MP, la funcionaria comenzó a denunciar la implicación de altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el propio presidente Maduro, en graves delitos de corrupción por vínculos con los casos de Odebrecht o la importación de alimentos, por miles de millones de dólares.
También denunció vehementemente la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en la violación de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones opositoras y en la muerte de buena parte de los más de 120 víctimas registradas en los meses de manifestaciones.
Actualmente, Ortega Díaz, junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer -requerido por las autoridades- se encuentra fuera del país y ha denunciado en varios países los supuestos delitos cometidos por el Gobierno venezolano, del que fue cercana hasta finales de marzo de este año.
, denunció que al llegar a la Fiscalía General de la República){kind=link}