Tarek William Saab, fiscal general electo por la Asamblea Nacional Constituyente, pidió la privativa de libertad del diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, apenas minutos después de que un grupo de constituyentes oficialistas pidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria y su apresamiento.
«Como el delito fue en flagrancia (en curso) el ciudadano debe estar privado de libertad, en custodia en su residencia», dijo Saab a periodistas y señaló que ya solicitó al presidente del Supremo, Maikel Moreno, que libre una orden de captura a Ferrer mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria.
Minutos antes, el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, hizo la solicitud de la detención de Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público mientras Ortega era fiscal general.
Saab dijo que le solicitará a la plenipotenciaria Asamblea Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Ferrer, así como la detención de fiscales del Ministerio Público que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la nación venezolana.
El exdefensor del Pueblo exhibió unos papeles en los que supuestamente consta que Ferrer abrió varias cuentas en divisas en bancos de las Bahamas y aseguró que esta red de extorsión que operaba desde el Ministerio Público (MP) tiene cuentas con montos que superan los 6 millones de dólares.
Saab dijo que se solicitará, además, y de manera inmediata la captura de los fiscales Pedro Lupera, que ha deshonrado el MP por ser fiscal nacional activo y de Luis Sánchez, fiscal auxiliar.
También serán citados empresarios extorsionados y se investigará la supuesta creación de una fundación y de una compañía anónima en el exterior que sería para legitimar el capital producto de la extorsión.
«Estamos hablando de una mafia trasnacional porque crearon una fundación y una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales, es decir, no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país sino que tiene un alcance ya de carácter internacional», aseguró.
A Ortega Díaz la acusó de convertir al MP, durante los más de nueve años que estuvo dirigiéndolo, en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada en un centro de chantaje y de extorsión.
Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que la acusó de haber cometido actos inmorales, una acción que para la exfiscal es un paso más del Gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura.
