Tarek William Saab denunció el hurto de documentos originales contenidos en el expediente de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.
El Defensor del Pueblo acusó directamente a María José Marcano, ex secretaria del Consejo Moral Republicano, y a su esposo, Alexander Duarte, alto funcionario del departamento de Prensa de la Fiscalía General de la República, por esta sustracción de los originales del baremo para la escogencia de los magistrados. «El lo publicó en su cuenta en Twitter, ¿cómo tuvo acceso a esos originales de unos documentos que ya no están en el expediente?
Saab solicitó al Contralor de la República que audite los archivos que reposan en el Consejo Moral Repubicano y pidió al Tribunal Supremo de Justicia que investigue la desaparición
El funcionario solicitó pruebas grafotécnicas a los documentos por él presentados y que Manuel Galindo, Luisa Ortega Díaz y el propio Saab se sometan a la prueba de la verdad. Es la única forma de saber quién dice la verdad, que nos sometamos al «detector de mentiras».
Ortega ha tenido el atrevimiento de decir que yo no firmé el acta de la reunión en la que se nombró a los magistrados, criticó el funcionario. «Lo más grave es que aclara que no consta su firma porque ella no asistió a la reunión».
Saab presentó lo que dice son originales de la convocatoria a la reunión del 16 de diciembre de 2015, en la que se nombró a los magistrados del TSJ y en la que, según él, hay un sello de recibido en la Fiscalía, el 10 de diciembre a las 9:44 a.m.
La firma de la fiscal y de la secretaria del Consejo Moral Republicano en ese entonces no aparece en el acta de la reunión, que se efectuó el 16 de diciembre de 2015, porque la reunión comenzó a las 2 p.m. y se prolongó hasta la noche, y agregó que ninguno de los tres miembros del Consejo Moral Republicano consignó voto salvado, abstención o voto en contra.
La secretaria del consejo moral reconoció en entrevista que fue un acto consciente no firmar el acta. También lo fue no haber recolectado las firmas, responsabilidad que recaía sobre ella y no lo hizo de manera expresa. «Pienso que ya existía una premeditada acción para lesionar la institucionalidad democrática».
Mentir y decir que nos se firmó el acta de una reunión a la que se asistió configura una falta grave de un funcionario, según el Defensor del Pueblo. «Ortega ha podido colocar una objeción al pie de página, si es que la tenía».
Aseguró Saab que el acta fue firmada por el contralor, Manuel Galindo, y su persona como Defensor del Pueblo. Ni la fiscal ni la secretaria la firmaron porque ambas alegaron que lo harían posteriormente. Eso nunca llegó porque ya había la premeditación de armar todo este escabroso suceso.
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