(Cortesía)

Indignados, burlados e ignorados. Así se sienten los jubilados y pensionados del Ministerio Público (MP) tras conocer que, mientras ellos reciben un ingreso de entre $2 y $9 al mes por sus años de servicio, el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, usa zapatos cuyo valor es de casi mil dólares.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en Carabobo el pasado viernes, Saab se dejó ver vestido con calzado Balenciaga, especificamente el modelo «Triple S Trainers», que según el sitio web de esta marca de lujo española tienen un precio de $975. Esta situación generó malestar en los integrantes de la Asociación Nacional de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del Ministerio Público, quienes exigen mejores pensiones y el pago de los compromisos adquiridos.

Iris Montezuma, presidenta de la asociación, señaló que al ver el precio de los zapatos que usa el fiscal designado por la ANC, se decepcionó muchísimo. «Tengo un niño de nueve años, estamos en plena época escolar y lo que me toca hacer es mandar a coser sus zapatos viejos porque no tengo para comprarle otros, siendo yo fiscal jubilada, con 24 años de servicio».

A su juicio, es insuficiente lo que percibe la nómina pasiva del MP, conformada por más de tres mil jubilados y pensionados en todo el territorio nacional. Además, «desde el año pasado la institución ha optado por quitarnos beneficios ya adquiridos, como el bono del MP o el bono recreacional, previsto para el mes pasado. Todavía no hemos recibido respuestas», dijo.

La abogado detalló que fiscales, directores y subdirectores jubilados cobran entre 40 mil y 180 mil bolívares mensuales, dependiendo de si fueron homologados o no. Esto equivale a dos y nueve dólares por mes, respectivamente, si se toma en cuenta el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que para la mañana de este lunes 23 de septiembre se ubica en 19 mil 715 bolívares por dólar.

El informe más reciente del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) situó el precio de la Canasta Alimentaria de agosto en dos millones 498 mil 746 bolívares (121 dólares). Son cifras que ponen en jaque a estas personas dependientes del MP, ya que ante el ingreso irrisorio de la pensión que reciben, se les dificulta cada vez más llevar alimentos a su mesa.

Sin asistencia médica

Aproximadamente 100 mil bolívares, equivalentes a $5, es la cobertura que ofrece la póliza de HCM dipuesta por el MP. El servicio médico de la institución es limitado y la nómina pasiva ya no recibe el «bono de salud» del que antes se beneficiaba, denunció Montezuma. «Con ese monto, al ir a una clínica, nos niegan la atención».

La pensión tampoco alcanza para comprar sus tratamientos médicos porque, «o compramos medicinas o comemos». La representante de la organización expuso que la Fiscalía les había ofrecido un compromiso con FarmaPatria para solventar esa situación y ofrecerles los fármacos subsidiados o a precios asequibles, pero eso fue solo otra promesa incumplida.

El panorama se oscurece todavía más para los jubilados y pensionados de edades avanzadas o con algún tipo de incapacidad, que dependen únicamente de la pensión del MP para sobrevivir en un país donde la inflación llegó en agosto a 65,2%, según cifras de la Asamblea Nacional (AN).

Tal es el caso de Yajaira Trujillo, miembro de la  junta directiva de la asociación. Gracias a la solidaridad de sus compañeros, luego de un operativo y con apoyo de médicos privados, fue que pudo realizarse los estudios con los que le fue diagnosticado el cáncer que padece. Acudió al MP ante la imposibilidad de costear los gastos para su tratamiento, y ya lleva más de cuatro meses a la espera de que la institución le haga el enlace con algún hospital para ser operada.

Ignorados por Saab

La lucha de la Asociación Nacional de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del Ministerio Público por mejoras de las pensiones y el cumplimiento de los compromisos que les corresponden como parte de la nómina pasiva del MP lleva más de un año y la respuesta ha sido la misma: castigo e indiferencia. «Algo que es un beneficio adquirido no pueden quitarlo. Ya ni siquiera nos incluyen en los operativos de salud ni de venta de alimentos a precios preferenciales», sentenció Montezuma.

Como organización, han dirigido comunicaciones a la ANC, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo e, incluso, al despacho del propio fiscal para solicitarle una audiencia con él, a fin de plantear soluciones a las urgentes necesidades que aquejan a los más de tres mil jubilados del MP. Pero Saab se niega a darles la cara o envía a emisarios con mensajes «que solo buscan beneficiar a la institución».

«Nosotros nos formamos en una institución a la que llamamos ‘la casa que guarda la ley’ y, ahorita, esa casa lesiona los derechos de los más de tres mil integrantes de la nómina pasiva. Di mi vida y mi tiempo con dedicación, esmero y compromiso al MP y, por primera vez en la historia, la máxima autoridad ni siquiera nos recibe y nos cierra las puertas cuando llegamos», sentenció.

Además de la evadir a los jubilados personalmente, también lo hizo a través de sus redes sociales. Bloqueó de su cuenta en Twitter, @TarekWilliamSaab, a la de la asociación @jubiladosmp18.




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