EFE
El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) se convirtió, este jueves, en el segundo mandatario salvadoreño en enfrentar a la justicia por supuestos delitos de corrupción durante su mandato, desde que el país entró en su etapa democrática en 1984.
Al igual que su antecesor, el difunto Francisco Flores (1999-2004), Saca fue llevado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta un tribunal para afrontar un proceso por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, cometidos al desviar 246 millones de dólares del Gobierno a cuentas privadas.
«Me considero totalmente inocente y venimos a este proceso a enfrentar con toda la documentación y los papeles que nos corresponde» para «desvirtuar las acusaciones» de la Fiscalía, aseguró Saca a la prensa previo al comienzo de la audiencia inicial.
Junto a Saca son procesados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
También, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, supuestos colaboradores directos del expresidente y aún empleados de la Presidencia, todos arrestados el pasado domingo.
Los implicados llegaron al tribunal cerca de las 09:30 hora local (15:30 GMT) y la audiencia comenzó a las 10:20 hora local (16:20 GMT), con 20 minutos de retraso.
La Fiscalía pretendió introducir de último momento 3.000 folios de «prueba documental» contra los acusados, pero la jueza cuarta de Paz, Nelly Pozas, negó la petición bajo el argumento de que debían haber sido introducidas en un principio, junto con la acusación formal.
Por su parte, el fiscal Mario Huezo explicó que «la evidencia es escrituras públicas de sociedades que se utilizaron para triangular el dinero» malversado, pero la jueza no varió su decisión.
En el transcurso de la audiencia, que se prolongó por más de 7 horas, la Fiscalía explicó cómo la estructura encabezada por Saca movió los fondos públicos a cuentas particulares, hizo retiros en efectivo y los llevó hasta las empresas del exmandatario.
Los fiscales del caso aseguraron que los negocios de Saca y dueño de al menos seis emisoras de radio reportaron «ingresos desmesurados» durante los cinco años de su gestión, fruto del desvío de 246 millones de dólares del presupuesto estatal.
Explicaron que las empresas de comunicación de Saca reportaban ingresos aproximados de 114.000 dólares antes del 2004, mientras que durante su gestión pasaron a registrar hasta 7 millones de dólares anuales.
Los letrados aseguraron que dichas empresas no tenían contratos con el Gobierno que justifiquen las transferencias de dinero y que tras la salida de Saca del Ejecutivo, en junio de 2009, comenzaron a reportar pérdidas.
La Fiscalía respaldó su argumento en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinó que Saca incrementó injustificadamente su patrimonio en más de 4 millones de dólares, por los que afronta por otro lado un proceso civil.
Entre otras cosas, el ente Fiscal señaló que el ex jefe de Estado utilizó más de 13.300 dólares del dinero «cuestionado» para pagar cuentas particulares de su esposa, Ana Ligia de Saca.
Saca llegó al poder de mano de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó El Salvador durante 20 años y que se ha visto salpicada por casos de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, de los 246 millones que Saca malversó, 400.000 dólares fueron destinados al instituto político.
El fallecido Francisco Flores (1999-2004), de Arena, afrontó un proceso penal por supuestamente malversar 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas destinados a la atención de las víctimas de dos terremotos que asolaron el país en 2001, de los que 10 millones ingresaron a una cuenta de Arena.
Saca fue expulsado del partido en 2010 y luego formó el de centro derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que hoy día tiene representación en el parlamento.
La audiencia fue suspendida hoy pasadas las 17:00 hora local (23:00 GMT) y reiniciará este 4 de noviembre a las 9:00 hora local (15:00 GMT), cuando la jueza debe decidir si pasa el caso a la siguiente etapa o si exonera a los acusados.
De enviarlos a la etapa de instrucción o investigación judicial, tendrá que establecer si lo hacen en libertad condicional o total, encerrados en los calabozos de la Policía o en arresto domiciliar.
