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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defiende su plan de sustitución voluntaria de plantaciones de coca, pese a admitir que en ocasiones haya podido suponer un «incentivo perverso».

En una entrevista publicada hoy en el semanario alemán «Der Spiegel», Santos subraya que, pese a los problemas, es «la primera vez» que se pone en marcha en Colombia «una solución estructural y a largo plazo para las plantaciones de coca».

«Puede ser que hayamos creado un incentivo perverso al anunciar ayudas financieras por el cambio a cultivos legales. Muchos agricultores han podido plantar rápidamente coca para aprovecharse de las ventajas», reconoce.

El plan, a su juicio, está dando resultados y más de 100.000 familias se han mostrado ya dispuestas a abandonar el cultivo de la coca.

Santos considera asimismo positiva la decisión de promulgar una «especie de amnistía» para los pequeños productores de coca, ya que sería una «contradicción» pactar la reconversión voluntaria de los cultivos y perseguir penalmente a los pequeños agricultores.

«Ningún otro país del mundo ha actuado de forma tan contundente contra el contrabando de drogas como Colombia. Ningún otro país ha pagado con tantas vidas. No hacemos esto porque Estados Unidos o algún otro país nos lo exija, sino porque nos conviene», argumenta Santos.

El presidente colombiano evalúa además positivamente la evolución del acuerdo de paz con las FARC, firmado ahora hace un año, y asegura que se han «logrado avances en la implementación del acuerdo» y que hasta «sus detractores ven ahora que es el camino correcto».

En la actualidad, «el conflicto no se dirime ya más con armas, sino con medios democráticos», destaca, pese a que el proceso haya ocasionado un repunte de la violencia.

«El nuevo orden lleva a menudo a la violencia porque grupos armados financiados por el narcotráfico defienden su negocio. No debemos darles a ellos el control», explica.

El asesinato de activistas pro derechos humanos -que las ONG elevan a 120 y el Gobierno colombiano cifra en 57- es «el precio que pagamos por el nuevo orden de estas regiones».

Las próximas elecciones presidenciales, a las que Santos no se puede presentar, no suponen en su opinión un peligro para el proceso de paz, ya que el Tribunal Constitucional decidió que el acuerdo tiene vigencia para tres legislaturas: «el proceso es irrevocable».

Santos reconoce que si la oposición se hiciese con la presidencia podría eliminar la financiación de los programas de ayuda e integración, una opción que tacha de «equivocada» porque sería «lastrar el desarrollo de las regiones más pobres del país».

Con respecto a Venezuela, apoya las actuales sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro -porque «las violaciones de los derechos humanos y el desprecio a la democracia deben ser castigados»-, pero aboga por analizar con cuidado «qué sanciones son efectivas y cuáles no».

«Además, exigimos que Maduro permita la entrada en el país de la ayuda humanitaria», señala Santos a este respecto, tras reconocer que sus relaciones con el presidente venezolano «no son buenas».

El presidente colombiano reitera que su país no reconoce a la asamblea constituyente de Venezuela, una institución que compara con los legislativos de «Europa del este en los tiempos de la Unión Soviética». EFE




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