Etnias
Foto: Cortesía Radio Fe y Alegría.

Desde el 10 de enero, familias completas, en su mayoría indígenas, que huyen de Puerto Páez y comunidades adyacentes del municipio venezolano Pedro Camejo, están cruzando el río Meta que separa al estado Apure, Venezuela, del departamento Vichada, Colombia, para llegar hasta Puerto Carreño, la capital.

Huyen de la violencia de la guerrilla ELN que ataca a sus comunidades a tiros y de las disidencias de las FARC que les amedrenta y recluta, para sus filas, a sus hijos menores de edad. Actualmente, cualquier lugareño está bajo sospecha de ser colaborador de cualquiera de los dos grupos armados irregulares y lo paga con su vida.

Esta zona se encuentra al extremo contrario de los límites de Apure con Arauca, pero a pesar de los 600 kilómetros de distancia entre frontera y frontera, la realidad es la misma. También es teatro de operaciones de la guerra de guerrillas entre los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC y la guerrilla ELN, desatada el 2 de enero en Arauca.

Atemorizados por hostigamientos guerrilleros

El desplazamiento desde varias comunidades de la parroquia Codazzi, del municipio apureño Pedro Camejo a capital de Vichada, comenzó desde la madrugada del lunes 10 de enero, tras el asesinato del luchador social y coordinador municipal del Partido Comunista de Venezuela, (PCV), José Urbina, a manos del frente Vásquez Castaño del ELN.

Luego de este asesinato, se ha conocido de dos ataques guerrilleros armados para amedrentar a la población. El primero, perpetrado por el ELN en la comunidad El Burro, de mayoría indígena, un día después del homicidio de Urbina.

El segundo, fue ejecutado por el frente 10 FARC, en un campamento de desplazados en el propio Puerto Carreño, este miércoles 2 de febrero. Se produjo luego, de que algunos desplazados dieran testimonios a los medios de comunicación colombianos.

A pesar de la protección de sus identidades, fueron identificados y les llegaron al campamento para amenazarlos de muerte si siguen declarando. Están aterrados, no quieren dar ninguna declaración, ni fotos ni nada, aseguró José Mejías, coordinador de FundaRedes Amazonas.

La ONG de derechos humanos con sede en Puerto Ayacucho, localidad vecina de Puerto Páez, Apure y también fronteriza con Puerto Carreño de Vichada, estuvo en el municipio colombiano, se reunió con los desplazados y algunas instituciones.

“La realidad es dramática y necesitamos visibilizarla”, recalcó Mejías, que constató la situación.

Desde el 10 de enero que comenzó esta situación, hasta el viernes 28, según la alcaldía de ese municipio, hay 243 familias y 910 personas, 90% venezolanos, la mayoría indígenas, solo en el casco urbano de Puerto Carreño, informó.

El coordinador de FundaRedes Amazonas detalló que en todo el municipio hay 386 familias, 1347 personas, de las cuales 329 son indígenas, de acuerdo con los datos de las Oficinas de Desarrollo Social y Prevención de Desastres de la alcaldía colombiana.

La mayoría está concentrada en el casco urbano de Puerto Carreño, Piedra Esperanza, Cerro Vita y las zonas turísticas del municipio capital de Vichada, según censo hecho hasta el 28 de enero.

Las autoridades están colapsadas

Jaír Beltrán, alcalde del municipio Puerto Carreño, ha declarado la incapacidad de la instancia para atender esta emergencia y ha pedido ayuda a las autoridades nacionales y organismos de ayuda humanitaria para que lo auxilien, reseñaron los medios de comunicación de Puerto Carreño.

En respuesta, el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, visitó el municipio fronterizo, el jueves 27 de enero e informó que, según datos recabados hasta la semana previa a su visita, habían llegado al centro de Puerto Carreño, desplazadas de Pedro Camejo, Apure, 277 familias de 936 personas.

La alcaldía plantea la instalación de un albergue temporal para agrupar a todos los desplazados en un mismo punto y facilitar su atención, “pero la propuesta aún no ha sido aprobada por las autoridades nacionales”, indicó el activista de derechos humanos.

Autoridades municipales no se dan abasto

Mejías afirmó que a la alcaldía de Puerto Carreño no se da abasto para atender la manutención de estas comunidades. Al municipio colombiano solo han llegado cinco toneladas de alimentos, las cuales alcanzaron para tres días de comida.

“Desde que llegaron los desplazados, hace casi 20 días, la municipalidad los ha atendido con sus escasos recursos propios, por lo que necesita ayuda urgentemente”, requirió.

El coordinador de FundaRedes contabilizó que nada más de la población de Puerto Páez, capital de la parroquia Codazzi, hay más de 40 familias, de acuerdo con datos ofrecidos por el defensor colombiano. Esto sin contar el resto de comunidades, incluso de la misma parroquia, que también han llegado a Puerto Carreño, remarcó.

Situación con Vichada está peor que en Arauca

FundaRedes alerta que la violencia y desplazamiento en la frontera de Pedro Camejo con Vichada, está incluso peor, que en la frontera de Páez con Arauca y no se ha tomado en cuenta, ni mucho menos atendido por parte de las autoridades venezolanas.

“Por Venezuela, solo nosotros hemos hecho presencia y nos hemos interesado por esta situación. Queremos visibilizar el problema porque es grave y se necesita mucha ayuda”, dijo Mejías.

Pidió a las autoridades colombianas ser integrada a las mesas de planeación para hacer parte, junto con otras ONG cooperantes, en el Comando Unificado activado para atender la problemática migratoria venezolana y en este caso, la emergencia ocasionada por el desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra de guerrillas.

El coordinador de FundaRedes Amazonas anunció que un equipo multidisciplinario de Human Rights Watch, también llegará a Puerto Carreño, el 20 de febrero en atención a la petición de ayuda hecha por el alcalde Beltrán.

Desplazamiento interno

El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas del municipio Pedro Camejo también se ha producido, en menor proporción, hacia Guasdualito, capital del municipio Páez dentro del estado Apure.

El periodista Rómulo Zapata, de la emisora local Radio Fe y Alegría, informó el traslado, este viernes 4 de febrero, de 71 indígenas de la etnia Jibi, al balneario El Gamero, ubicado en la comunidad del mismo nombre a orillas del río Sarare, en Guasdualito.

Estas 23 familias procedentes de Capanaparo, Pedro Camejo, llegaron, hace una semana, a la capital del municipio Páez y se instalaron, primero, en la plaza Boyacá de la ciudad.

Venimos por aquí; por allá muy mala la cosa. Vamos para Barranco Yopal (Colombia), declaró al periodista el capitán cacique mayor Ramón Sánchez, jefe de esa comunidad.

Sánchez indicó que las autoridades y ONG de Guasdualito, les han atendido con comida, útiles de aseo personal, mosquiteros y medicinas.

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