Este miércoles se cumple un mes de la muerte de Osgual Alexander González Pérez, preso político postelectoral, quien falleció en el Internado Judicial de Carabobo el pasado 16 de diciembre bajo custodia del Estado.
Osgual fue sacado de su casa, junto a su hijo Oswual González de 19 años, por funcionarios de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), una unidad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Barquisimeto, estado Lara.
Antes de la muerte de Osgual, sus familiares denunciaron que su estado de salud empeoraba progresivamente tras días aislado en el penal. La piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores no coincidían con el diagnóstico de los médicos del recinto penitenciario: un cólico nefrítico.
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La familia insistió en que se le permitiera el acceso a atención médica especializada para determinar la verdadera razón de su malestar, que no le permitía respirar con regularidad. También solicitaron su traslado a un centro de salud para que se le realizarán exámenes, aunque nunca pasó.
¿Por qué murió Osgual?
Familiares confirmaron el lunes 16 de diciembre que tras realizar unos exámenes que le solicitaron en el penal, se evidenció que Osgual tenía una bacteria. "Nunca nos mostraron nada, solo nos pedían los medicamentos".
La familia no ha dado declaraciones a medios de comunicación tras la excarcelación de Oswual, hijo de Osgual. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó que las últimas liberaciones de presos políticos postelectorales se han hecho con la prohibición de informar sobre la propia acción, grabar videos, dar declaraciones a la prensa y contar lo que vivieron dentro de la cárcel.
Sin acceso a atención médica
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recientemente respaldó un pronunciamiento de cinco relatores, dos grupos de trabajo y un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que alertan sobre las condiciones en los centros de detención del país.
Los expertos señalaron la sistémica falta de acceso adecuado a alimentación, agua y saneamiento, atención y tratamientos médicos en centros de reclusión. "Estas denuncias, junto con los señalamientos de violencia física, sexual y de género por parte de autoridades estatales podrían resultar en una violación del derecho inalienable de vivir libre de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", mencionó el OVP.
El documento de los expertos expone que luego de las elecciones del 28 de julio, las condiciones de detención se agravaron.
