Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Alguien les dijo a las tres mujeres que esperaban sentadas en la acera de la calle 180 del sector Santa Ana en Naguanagua, que sus familiares estaban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) cuando fueron detenidos mientras protestaban en apoyo al asalto a la 41 Brigada Blindada de Carabobo. No tienen certeza de que en algún calabozo de la institución custodiada por funcionarios con armas largas estén. Pero siguen esperando.
Desde el domingo, todos los accesos al Sebin están cerrados. Ni los vecinos del sector pueden caminar por el lugar. «Es zona de seguridad», argumentan los funcionarios vestidos de civil empuñando sus fusiles.
No han podido ver a sus familiares. Los abogados del Foro Penal Venezolano (FPV) tampoco. Luis Armando Betancourt, coordinador regional de la organización defensora, explicó que no saben dónde están exactamente los detenidos del domingo ni cuando se realizarán las audiencias.
Desde el domingo hasta el martes han sido 23 los aprendidos en protestas y allanamientos tras el asalto a la 41 Brigada Blindada. 11 fueron liberados. Los 12 restantes están en diferentes centros de reclusión aislados, sin contacto con sus familiares ni abogados. «Es primera vez que pasa esto. Ni en 2014, cuando se dieron protestas más fuertes y mayores números de detenciones habíamos tenido tanta incertidumbre».
Lo último que informaron desde el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a los defensores del FPV, es que hoy se celebrarían las audiencias de presentación de imputados ante el Tribunal 6to en Funciones de Control Militar. Pero la incertidumbre se mantiene.
El general de brigada retirado Guillermo Rangel, excomandante de la 41 Brigada Blindada, su sobrino Federico Troconis, y el presidente de Fetracarabobo, Omar Escalante, se encuentran recluidos en la sede del Sebin.
