La familia de Omar Escalante ya perdió la cuenta de las veces que ha visitado la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Naguanagua y la del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional. Desde su detención ha sido poco o nada lo que saben de él. Lo último que les dijeron fue que había sido trasladado al estado Lara. Pero no tienen certeza de eso.
Al presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo) se lo llevaron violentamente y a la fuerza la tarde del martes 8 de agosto de su residencia, en el Sector 3 de La Isabelica, al sur de Valencia. No hubo argumentos para su detención, pero aún así, se convirtió en el primer dirigente sindical aprendido en la región por razones políticas, al pretender vincularlo con el asalto a la 41 Brigada Blindada.
Los abogados del Foro Penal Venezolano (FPV) desconocen mayores detalles de su defendido. Las autoridades no han querido dar información.
Desde el Frente Carabobeño de Trabajadores en Defensa de la Constitución y la Democracia, al que Escalante pertenece, la preocupación es evidente. Su presidente, Rodrigo Penzo, responsabilizó al Gobierno de lo que pueda sucederle al presidente de Fetracarabobo, quien es diabético, hipertenso y hace un año padeció un infarto.
Para Penzo, Escalante no cometió ningún delito. Simplemente fue perseguido por convocar al paro cívico y hacer el llamado a la huelga general. «El Gobierno sospecha y después trata de hilar acciones con personas que nada tienen que ver. La verdad es que en el país hay un descontento general de millones de personas que no quieren más este sistema arbitrario e inútil».
Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
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