Por Alberto Torres @albertotorresm_
El sector privado de la construcción ha sido el más golpeado por la crisis económica que vive el país desde 2013. En ese período, la actividad cayó casi por completo (98 %, según la Cámara Venezolana de la Construcción), se perdieron más de un millón de empleos y es notorio el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos en el territorio nacional.
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) plantea que, en un período de dos años y con una inversión estimada de 10.000 millones de dólares, se puede empezar a “rehabilitar lo que ya está” en materia de generación y distribución de agua potable, electricidad y gas doméstico y en el mejoramiento de obras públicas, vialidad y recintos hospitalarios.
El plan de recuperación propuesto por la CVC plantea, en el caso del servicio de agua potable, llevar de 30 a 200 litros de agua por persona en los próximos dos años. El presidente de la cámara, Enrique Madureri, señaló que se planea enfocar la inversión en reparar los acueductos de todo el país que, asegura, solo funcionan a 15 % de su capacidad instalada.
De acuerdo con estimaciones hechas por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), las inversiones del Gobierno en el servicio de agua este año superan los 12,3 millones de dólares, principalmente en reparación, reacondicionamiento y mejora de la infraestructura existente, “pero en la mayor parte de los casos se ha desatendido la causa raíz del problema”.
Sin embargo, asegura Madureri, la aplicación del plan pasa obligatoriamente por el visto bueno del Estado, pues un alto porcentaje de la construcción está estatizada y, por ley, se impide la participación privada en sectores como el agua y la electricidad.
“En el servicio de la electricidad estamos a la mitad de lo que necesita el país y eso hay que atenderlo con las instalaciones que ya existen, rehabilitando y arreglando lo que ya se tiene. Las empresas privadas podemos ayudar con la rehabilitación, pero debe haber concesiones para vender el servicio, porque el Estado maneja la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”, explicó Matureri.
El vicepresidente de la CVC, Rafael Torrealba, añade que la recuperación de los servicios es primordial para una eventual recuperación económica en general y, en especial, de sectores como la construcción y la industria, de los más golpeados por la crisis y que más generación de empleos tenían.
“La energía eléctrica es un insumo más en una fábrica. Si no está ese insumo, no pueden operar, no pueden crecer y no puede haber más fábricas. Si no se resuelven los problemas del agua, la electricidad y la salud pública, no se puede apuntalar el crecimiento”, dijo Torrealba.
Según el último informe de coyuntura hecho por la Confederación de Industriales Venezolanos (Conindustria), cuatro de cada 10 empresas del sector reportan que la precariedad de los servicios limita su producción.
A modo de ejemplo, el presidente de la Cámara de la Construcción del estado Zulia, Enrique Ferrer, explica que en la entidad la única empresa acerera en funcionamiento es Sizuca, que opera en Ciudad Ojeda, pero la crisis eléctrica les impide operar por completo y solo pueden prender sus máquinas seis horas al día.
Les dicen que, si ellos prenden sus equipos y máquinas, se limita el servicio en la ciudad, entonces les dan un horario, pero el deber ser es que ellos puedan trabajar y la gente, además, pueda vivir y tener su servicio. Si Sizuca pudiera trabajar a plena capacidad en este momento, podría tener inventario para exportar”, cuenta Ferrer.
Otros detalles del plan
Se prevé que la inversión en recuperación de infraestructura de salud permita habilitar de 3000 a 8000 camas a nivel nacional, empezando con la rehabilitación y acondicionamiento de los principales hospitales de cada región.
En dos años, dada la magnitud de la inversión, se estarían generando alrededor de 200.000 empleos directos e indirectos.
La CVC estima que el monto a invertir sería equivalente a 10 % del producto interno bruto. La cifra supera a lo que representó el sector construcción hace 20 años (7 % del PIB, según la CVC).
Se espera que proyectos de menor envergadura, como rehabilitación de vialidad o plantas de electricidad, puedan ser ejecutadas con fondos privados de inversión. Las inversiones grandes, asegura Enrique Madureri, necesitarían financiamiento de organismos multilaterales, por lo que esperan que se logre una apertura en ese aspecto.
El plan se amparará en la cuestionada ley antibloqueo y en mecanismos como el Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), creados por el gobierno, para lograr que las empresas privadas se asocien o participen con el sector público.
Vale destacar que, según estimaciones de la firma Síntesis Financiera, este año Venezuela cerrará con ingresos petroleros cercanos a $6000 millones. El diputado oficialista de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, declaró que no han recibido la propuesta, pero están abiertos a estudiarla “si el sector privado acepta las condiciones que establecen las leyes”.
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