El concejal de Valencia y presidente de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, José Bucete, denunció que las condiciones de hacinamiento en que se encuentra la sede de la Policía Municipal de Valencia y la situación en la que están los detenidos, hacen de la instalación un lugar vulnerable que puede comprometer el bienestar de la ciudadanía y de los mismos funcionarios.
Hemos venido alertando sobre las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad. Están hacinados dentro de las celdas, las instalaciones de Iampoval no son óptimas para garantizar la seguridad ciudadana. El Centro de Coordinación de la Policía de Valencia es una bomba de tiempo, precisó el edil. Recordó, que esos centros no son para la reclusión definitiva, son solo preventivos y temporales para los detenidos que deberían permanecer en el recinto un máximo de tres días.
Bucete detalló que lo ocurrido en días pasados en la Policía de San Diego, evidencia una vez más lo que desde la Comisión de Protección Civil y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal de Valencia, ha venido declarando. Hemos expuesto en diversas oportunidades que las policías municipales se han convertido en centros de reclusión final, debido a la negligencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y de la ministra Iris Varela, a quien le hemos enviado diferentes oficios solicitándole que se aboque al caso de la Policía de Valencia para que bajen los niveles de hacinamiento que existen dentro de la institución”.
José Bucete precisó que también han convocado a la Defensoría del Pueblo para que tenga un papel de enlace y mediador con el Ministerio y que se puedan hacer los traslados necesarios. La Policía Municipal de Valencia cuenta con unas celdas diseñadas para albergar unos 25 detenidos y hay más de 180, lo que podría causar grandes males, más allá de un motín o una fuga”.
Agregó que, aunque ya son reiteradas las advertencias sobre la situación de la Policía de Valencia, a las autoridades competentes pareciera no importarles el escenario que afecta no solo a quienes laboran en la institución, sino también a los detenidos y a toda la ciudadanía. “La situación es alarmante y ha sido ignorada por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Defensoría del Pueblo. Ambos entes hacen caso omiso”.
Nota de Prensa
