El Senado argentino aprobó la madrugada del jueves un proyecto que busca que el Estado pueda expropiar y disponer de bienes originados en actividades ilícitas o utilizados para ellas, un texto que debe volver a tratar la Cámara de Diputados.

La figura llamada “extinción de dominio” había sido aprobada en 2016 en la Cámara baja por impulso del bloque que responde al presidente Mauricio Macri, bajo el lema de “recuperar lo robado” frente a denuncias de presunta corrupción que involucran a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

El proyecto, que estuvo frenado dos años en el Senado, tomó nuevo impulso en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, que investiga sobornos en la adjudicación de la obra pública durante el kirchnerismo y que tiene a la expresidenta entre los imputados.

La votación se produjo en la madrugada del jueves, luego de una larga sesión que se inició con el tratamiento de un pedido del juez Claudio Bonadio para que el Senado autorice allanamientos a las viviendas de la expresidenta, que fueron aprobados por los 67 senadores presentes, entre ellos la propia Kirchner.

Según el texto original que llegó de Diputados alcanzaba con una mera sospecha para que se inicie la extinción de dominio contra los bienes de una persona y la ejecución de la medida quedaba en manos de un juez civil.

Pero el Senado aprobó otro texto, impulsado por el peronismo, con 40 votos a favor y 26 del oficialismo en contra, por lo que debe volver a la Cámara de Diputados que puede aprobar las modificaciones o ratificar con mayoría simple su propia iniciativa.

El proyecto del Senado establece que la extinción de dominio o recuperación de bienes originados en la corrupción debe ejecutarse en el fuero penal y no en el civil, y una vez que exista una sentencia de primera instancia en juicio oral.

Sin embargo, establece un “decomiso anticipado” para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes cuestionados mientras continúe el proceso.

El oficialismo pretendía además que la ley sea retroactiva y pueda aplicarse a casos pasados, pero según el peronismo esto sería inconstitucional por lo que no fue aprobado por los senadores.

El kirchnerismo, que sumó sus votos al proyecto del peronismo, pidió incluir que, en los casos de corrupción, la extinción se aplique también “a los corruptores” y no solo a los funcionarios.




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