El Senado brasileño aprobó un proyecto de ley contra las falsas informaciones, que genera resistencias tanto en el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro como en las plataformas de internet y entre defensores de la libertad de expresión y la privacidad.
El proyecto, que aún debe discutirse y probablemente modificarse en la Cámara de Diputados, resultó aprobado la noche del martes por 44 votos a favor y 32 en contra, en una sesión virtual debido a la pandemia de coronavirus.
Entre los puntos de mayor controversia figura la exigencia de que las plataformas mantengan a disposición del Poder Judicial, durante tres meses, los registros de encaminamientos de mensajes masivos, con la identificación de sus remitentes.
Otro punto del proyecto de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet obliga a los proveedores a abrir el acceso remoto a sus bancos de datos para atender órdenes judiciales. También se prohíbe la creación de robots (cuentas automatizadas).
Multas cuantiosas
Las plataformas digitales que incumplan esas normas podrán ser multadas con hasta un 10% de su facturación anual en Brasil.
Facebook, Google, Twitter y WhatsApp afirmaron la semana pasada en una nota conjunta que ese proyecto de ley «confronta el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos (…), abriendo espacio para abusos».
Para el senador Alessandro Vieira, del partido Cidadania (centro-izquierda), relator del proyecto, este pretende «fortalecer la democracia y reducir la desinformación y el engaño mediante el combate a las informaciones falsas o manipuladas en las redes sociales».
De esa forma, agregó, se facilitará «la exclusión inmediata de contenidos racistas o que amenacen a niños o adolescentes».
¿Proyecto censura?
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del jefe de Estado, denunció en cambio un proyecto de «censura».
«Ya adelanto mi voto [en la Cámara]: estoy contra cualquier tentativa de ‘reglamentar’ (CENSURAR) las redes sociales», añadió en Twitter.
También en la izquierda surgieron críticas, como la de la exdiputada comunista Manuela d’Avila.
«Soy una de las mayores víctimas de fakenews en Brasil. Y quiero combatir la industria de las fakenews de verdad. Descubrir quién financia esa bajeza. Pero no será con un ambiente de vigilancia general que resolveremos ese problema», tuiteó.
La corte suprema de Brasil investiga los «disparos masivos» de mensajes con amenazas contra sus miembros por grupos de ultraderecha, así como la identidad de los financiadores de llamamientos a favor de una «intervención militar» liderada por Bolsonaro contra los demás poderes.
Las conclusiones de esa investigación podrían dar sustento a la pesquisa sobre denuncias de irregularidades en la contratación de servicios de mensajes masivos durante la campaña electoral de Bolsonaro en 2018.
Ese expediente, en manos de la justicia electoral, tiene el potencial de anular la elección.
© Agence France-Presse
