(Cortesía)

El Senado español ofreció hoy al presidente regional de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, debatir con el Gobierno el jueves o el viernes próximos las medidas propuestas por el Ejecutivo central para restaurar la legalidad en esa región autónoma.

Por su parte, el líder catalán tiene “voluntad” de acudir a la cámara para explicar por qué las rechaza, según dijo hoy el portavoz del gobierno regional, Jordi Turull.

El Gobierno español que preside Mariano Rajoy propuso el sábado cesar a Puigdemont y todo su equipo y convocar elecciones antes de seis meses al amparo del artículo 155 de la Constitución frente a la amenaza secesionista de las autoridades regionales, medidas que el pleno del Senado debe ratificar el viernes 27 de octubre.

Ese artículo permite al Gobierno asumir el ejercicio de las competencias de una autonomía cuando incumple las leyes nacionales.

El Senado ha constituido una comisión específica para tramitar esa propuesta del Ejecutivo, a la que Puigdemont o un representante podrán presentar alegaciones por escrito o en persona hasta el jueves por la mañana.

Además, se le da la opción de intervenir en esa comisión el jueves por la tarde o el viernes por la mañana en la sesión plenaria del Senado.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, adelantó que, si Puigdemont decide acudir, se le ofrecerá la oportunidad de debatir directamente con un representante del Gobierno.

Aunque el líder independentista tiene “voluntad” de exponer sus razones en el Senado, el portavoz catalán Turull interpretó que el gobernante Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en la cámara, no desea la presencia de Puigdemont.

El motivo es, según Turull, que “al principio” se les comunicó que su comparecencia podría ser el miércoles o “como muy tarde” el jueves al mediodía, pero “esto ha dado un vuelco”.

De hecho, el Parlamento catalán tiene fijado para el jueves un pleno para tratar la aplicación del artículo 155, con la hipótesis de que prosiga el viernes.

El gobierno catalán prevé una “respuesta política” acordada con los grupos parlamentarios y las entidades sociales secesionistas.

En cualquier caso, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, afirmó en Estrasburgo (Francia) que “es una buena señal” que el presidente Puigdemont “vaya al Senado y exprese su punto de vista”.

El gobierno catalán también anunció hoy un conjunto de recursos en el Tribunal Supremo y el Constitucional para intentar frenar las medidas del Ejecutivo central para evitar la secesión de esa comunidad, con la intención de “agotar las vías internas” antes de acudir a instancias internacionales.

En relación con la posibilidad de que Puigdemont convocara entretanto elecciones en Cataluña, será el Senado quien tenga que tomar la decisión respecto a la aplicación del artículo 155, aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Pero los opositores que respaldan al Ejecutivo en las medidas para frenar el proceso separatistas discrepan.

Ciudadanos (liberales) cree que no sería suficiente convocar comicios, sino que Puigdemont deben cumplir la Constitución.

Por el contrario, la portavoz parlamentaria socialista Margarita Robles opina que una convocatoria electoral “en el marco de la legalidad” constitucional, con rechazo de cualquier declaración unilateral de independencia, comportaría que “no se ponga en marcha”.

También hoy, el Gobierno reconoció que la incertidumbre en Cataluña está empezando a tener efectos en la economía general de España.

La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, puntualizó que el impacto se concentra “fundamentalmente en la economía y la sociedad catalana”, aunque descartó que esta incertidumbre se prolongue y que vaya a producirse la independencia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que su departamento ha percibido un descenso en las relaciones comerciales e industriales con Cataluña a través de los distintos medios de transporte, que en el caso del ferrocarril llegado hasta el 21 %.

Señaló una caída “importante” de las reservas de todos los medios de transporte, entre ellos el aéreo. El aeropuerto de Barcelona ha pasado de un crecimiento del 10 % al “estancamiento”.

Mientras, continúa el goteo de empresas que trasladan su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones por la incertidumbre política, casi 1.400 desde el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre pasado, según datos del Colegio de Registradores de España.




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