Senadora y víctima de violencia policial
La senadora chilena Fabiola Campillai (centro), fue víctima de la represión policial de las masivas protestas de 2019. Foto: @DignidadFabiola

La senadora chilena Fabiola Campillai, víctima emblemática de la represión policial de las masivas protestas de 2019, demandó este jueves al Estado por el episodio que sufrió hace dos años, cuando recibió el impacto de un bote de gas en el rostro supuestamente lanzando por un uniformado.

Según informaron medios locales, la parlamentaria exigió una indemnización de 2 mil millones de pesos (sobre 2 millones de dólares) por “daño moral” ante “la agresión gravísima por parte de agentes del Estado en su contra”.

En octubre de 2019, comenzó en Chile una ola de manifestaciones por la igualdad que coparon las calles durante más de un año y dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de denuncias de organismos internacionales contras las fuerzas de seguridad.

Senadora y víctima de violencia policial

En el marco de esta crisis, Campillai recibió el disparo de una bomba lacrimógena en pleno rostro por parte de un agente policial cuando se dirigía a su trabajo, obligándola a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial y dejándola sin gusto y olfato.

Su caso y el de Gustavo Gatica, el otro joven chileno que perdió la vista en la crisis social debido a disparos policiales, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares que dejaron las revueltas.

La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó el “compromiso” del Gobierno con la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de esa crisis social, la más grave desde el retorno a la democracia en 1990.

El pasado diciembre, Campillai se presentó como candidata independiente al Senado, sin apoyo de partidos ni listas parlamentarias, y logró derrotar a figuras emblemáticas de la política chilena al obtener un escaño en la capital.

Por su caso investigan al excapitán del cuerpo policial de Carabineros Patricio Maturana, que podría recibir una pena de hasta 12 años de cárcel.




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