Fotos Andrés Galindo/Archivo El Carabobeño
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Una y media de la tarde. Richard Páez terminaba de saludar a sus tíos en la calle La Fila, del sector Maca de Petare, en Caracas. Era el 3 de marzo de 1989. El joven se quedó en el techo de una de las casas del barrio con unos niños que volaban papagayos. A la media hora sonó un disparo. La bala penetró el glúteo de Richard, viajó desde abajo hacia arriba por su abdomen hasta alojarse en su tórax. Cayó desvanecido. “Yo corrí y corrí y después me lancé al piso.  Ni siquiera lo vi, ahí, tirado, porque yo decía que ese no podía ser mi hijo” cuenta Hilda Páez, su madre, en un informe que publicó esta semana el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic).

Al día siguiente Hilda se dio cuenta que no era la única. La morgue de Caracas estaba llena de mujeres que, como ella, perdieron familiares. La impunidad sería la norma durante los próximos 28 años. Nunca hubo responsables —como el policía metropolitano que disparó contra Richard— en las muertes que sucedieron durante el conocido ‘Caracazo’. La principal razón por la que las heridas siguen abiertas es porque no existió justicia, dice Liliana Ortega, activista de Cofavic, en conversación con El Carabobeño.

La Organización No Gubernamental (ONG) ha entrevistado, en dos décadas, a más de 500 familiares de víctimas del Caracazo: revueltas masivas y disturbios durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. La cifra oficial es de 276 muertos, desaparecidos y lesionados. Pero hay quienes hablan de más de tres mil. “Los que habían muerto no eran unos perros. Desde que comenzamos esta lucha han seguido violentando los derechos humanos en el país”, resalta Páez en una entrevista que le hizo la organización.

Las heridas siguen abiertas

90% de las víctimas del comportamiento desproporcionado de cuerpos de seguridad del Estado murió en sus casas. Como Richard Páez, muchos pensaron que ese era el lugar más seguro, pero no fue así. “La mayoría de personas no murió saqueando, ni tampoco porque estaban aliados con alguna tendencia política —como se quiere hacer creer—. No eran mártires, sino personas comunes”, lamenta Ortega, quien aún tiene esperanza en que se haga justicia.

El Caracazo es celebrado desde el Gobierno de Hugo Chávez primero, y de Nicolás Maduro después. Se le denomina como el despertar de un pueblo ante medidas económicas inaguantables, como la inflación de 80% y el aumento de gasolina de 100% de Carlos Andrés Pérez. Los gobiernos socialistas quizá no han reparado en que, según sus propias cifras, Maduro ha llevado la inflación en Venezuela a 181% y aumentó la gasolina más de 1.300%. Para Ortega se trata de una intención oficial de querer imponer una sola visión sobre lo que ocurrió.

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El 28 de marzo de 1995, luego del esfuerzo titánico de organizaciones como Cofavic, el ‘Caracazo’ fue incluido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego, en 1999, fue aceptado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se falló en contra de las omisiones del Estado y sus cuerpos de seguridad, en contra de la falta de investigación. Se elaboró una hoja de ruta para la no repetición de los hechos. Pero no se ha cumplido, señala la activista. “Sigue siendo un tema pendiente. No se ha hecho justicia, no se ha establecido la verdad de lo ocurrido. Hay una deuda no solo del pasado sino del presente en este hecho”. 28 años sin que haya una sola persona condenada de manera definitiva es una muestra.

LA PESTE

En el Cementerio General del Sur, en Caracas, hay un lugar conocido como La Peste. Se utilizó para destruir evidencia que implicara a los funcionarios y efectivos que participaron en el Caracazo. Se hicieron fosas comunes con restos humanos, cuenta Ortega. “Allí se enterró un número, aún indeterminado, de cadáveres sin identificar”.

Cofavic, la comunidad internacional y la CIDH trajeron expertos extranjeros como antropólogos argentinos en la década de los 90 al cementerio. Con el apoyo del Ministerio Público (MP) en ese entonces se logró ubicar la zona de La Peste. Los informes forenses muestran que los restos tenían una antigüedad similar a la masacre. “Sin embargo, 28 años después, no se han identificado plenamente los restos. Tampoco se han establecido las responsabilidades de personas que actuaron en este ocultamiento masivo”.

Los restos no han sido entregados a los familiares para que se cumpla con el mínimo gesto humanitario de enterrarlos de acuerdo con la religión de cada grupo. Los familiares siguen esperando, explica Ortega. El Estado está obligado a establecer el número real de víctimas. “Ellos tienen todas las herramientas. Pero cada año lo que hacen de manera irresponsable es decir que hubo tres mil, cuatro mil o cinco mil muertos. Cada funcionario dice una cifra distinta, pero no se presentan los nombres”. Lo que se demuestra es que, en el pasado y el presente, el Caracazo ha sido tratado con una enorme irresponsabilidad política, opinó la activista.

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APRENDIZAJES

Para Cofavic el Caracazo dejó traumas serios, pero también aprendizajes. El primero es que la lucha coherente, persistente y despolitizada impide que la verdad oficial sea la que prevalezca. Las víctimas unidas en la ONG han sido una voz permanente, dice Ortega. “Ellos han impedido que en el pasado y presente se construya una verdad a beneficio del Poder”. Lo que se ha logrado es una verdad cónsona con las víctimas. “Creo que ese es un gran aprendizaje para la lucha de los derechos humanos (DDHH)”.

La sociedad venezolana ha reconstruido su tejido social después de la masacre. Numerosas organizaciones de DDHH que, de manera independiente trabajan temas plurales, permiten visibilizar los atropellos. Ese es otro punto a favor. La lecciones que no se han aprendido son la falta de justicia y la impunidad.

La actuación de los cuerpos de seguridad fue cuestionada

Los crímenes que se cometieron son imprescriptibles, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. “Llegará el momento en que Venezuela, y quienes actuaron en estos hechos, tengan que pagar y rendir cuentas ante la justicia y serán castigados. Eso será parte de la reconstrucción de la memoria colectiva y ciudadana que tiene que ver con un asunto de el Caracazo, pero también del presente”.

No hay motivo para celebrar, como lo han hecho voceros chavistas, cuando todavía hay personas que lloran en sus casas a sus seres queridos porque ni siquiera han podido enterrarlos. “La única honra y recuerdo noble para el Caracazo es que exista justicia. Esa es la gran deuda”.




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