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El expreso político, comisario Iván Simonovis, publicó la noche del pasado lunes 1 de octubre una carta que envió al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a quien ofreció, en el marco de su visita a territorio venezolano, entregarle las evidencias que incriminarían a la administración de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad.

En la misiva Simonovis destaca el caso de tres presos políticos, quienes permanecen detenidos desde hace más de 18 años pese a haber cumplido su condena.

“Los Policías Metropolitanos Héctor Robaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, quienes hasta hace 2 semanas se encontraban en la cárcel militar de Ramo Verde, pero inexplicablemente fueron trasladados a una cárcel común a más de 400 km de Caracas para evitar que el equipo de la CPI los pudiera entrevistar o conozca detalles de primera mano sobre este caso. Ellos hubiesen podido nutrir de suficiente información el expediente que su Despacho y la CPI manejan en relación a Venezuela y su gobierno”, advirtió.

 

“Es importante resaltar, Sr. Khan, que en Venezuela imperan y operan estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado, grupos guerrilleros, hasta grupos terroristas patrocinados por un Estado delincuente. Es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico humano y la minería ilegal, utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales. No cabe la menor duda de que Nicolás Maduro, sus allegados y ministros, participan y son facilitadores de estas operaciones. Así como como también el alto mando criminal, llegando a infiltrar incluso algunos representantes de las toldas políticas y empresarios que colaboran en esos procesos de legitimación de capitales”, aseguró Simonovis.

Venezuela es el claro ejemplo de un Estado fallido que libra una guerra híbrida contra sus propios habitantes; que, por un parte, apoyándose en una fuerte estructura criminal, se alimenta promoviendo conflictos y violencia; y, por otro lado, utiliza la contra-información y desinformación con el objetivo de usar los problemas sociales como parte de una guerra asimétrica, afirma Simonovis.

El exdirector de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas puntualizó en la carta que entre los años 2014 y 2019 fueron asesinadas 179 personas por participar en manifestaciones y más de 9.500 personas fueron detenidas.

Simonovis denuncia que al menos 10 detenidos han muerto bajo custodia del Estado en prisión.




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