La exclusión es evidente. Las jornadas de vacunación dirigidas al personal de la salud, que se han implementado en Carabobo, solo están dirigidas para un porcentaje de quienes laboran en instituciones públicas.
Los trabajadores de centros privados no han sido tomados en cuenta para los operativos realizados en la entidad y que han estado marcados por diversas denuncias de corrupción.
Alrededor de 30 % de los enfermeros de Carabobo son parte de las nóminas de la administración pública y van a sus puestos de trabajo a atender pacientes con COVID-19, sin haber recibido la inmunización.
Así lo alertó el presidente del Colegio de Enfermería en la entidad, Julio García, quien exigió que se establezca una jornada sería que incluya a la totalidad del personal sanitario.
Rechazó que a tres meses de haber iniciado el proceso de vacunación no sé haya llamado a quienes trabajan en clínicas privadas. «Ellos han consignado varias peticiones en Insalud y no han tenido ningún tipo de respuesta».
En el sector público, solo 70 % del personal sanitario ha sido vacunado, pero eso no es suficiente. «Pedimos un plan masivo en hospitales como el Carabobo, ambulatorios y CDI y que se amplíe a quienes están de vacaciones o de reposo porque ellos se van a reintegrar».
Derecho humano violentado
La semana pasada un hecho ocurrido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), de Valencia, alertó a toda la ciudadanía, al conocerse que solo se estaba vacunado a personas de la tercera edad con Carné de la Patria.
«No es posible que se violenten los derechos humanos así, que pidan un documento como ese es discriminatorio».
En esa oportunidad, 35 médicos no recibieron la dosis, y «eso pone en situación de desventaja al personal de la salud, a quienes nos agrupan de forma desordenada para vacunarnos».
Una vez más, el presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo exigió un plan de vacunación público y ordenado en el que todos los venezolanos sepan cuándo le corresponde.
