Sindicalistas venezolanos exigieron este jueves la liberación de un dirigente obrero que fue condenado esta semana a casi seis años de cárcel por un tribunal militar.
Rubén González, líder sindical de la estatal Ferrominera de Orinoco y crítico del presidente Nicolás Maduro, fue sentenciado el martes por ultraje a un soldado y a la Fuerza Armada.
«Le clavaron cinco años y nueve meses por el delito de defender a los trabajadores, defender la democracia», denunció Dick Guanique, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en una pequeña manifestación frente a la fiscalía en Caracas.
«Reclamamos al Ministerio Público por qué no intervino, por qué se arrodilló a la justicia militar. Exigimos la libertad inmediata [de González] y que sea anulada la sentencia (…). Este es el mensaje que hoy lanza el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, (pero) no nos callarán, seguiremos exigiendo en la calle los derechos de los trabajadores», añadió.
González, de 60 años, fue detenido a finales de noviembre 2018 cuando regresaba de una marcha en la capital en reclamo de mejores salarios y beneficios laborales.
Entre noviembre y diciembre de ese año fueron detenidos 15 dirigentes de las empresas mineras ubicadas en el sur del país.
«Me están cobrando que haya sido un dirigente sindical irreverente (…), que sea un dirigente que lucha por los trabajadores», expresó González tras recibir sentencia, según el diario Correo del Caroní.
González ya había sido condenado en 2011 a casi ocho años de prisión tras liderar una huelga de 15 días, pero su sentencia fue anulada poco después entre reclamos de onegés.
La CTV informó que llevará el caso a la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
El opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente de Venezuela por medio centenar de países, condenó este jueves «la persecución» a «los que se atreven a alzar la voz».
«El régimen, que se dijo obrero, defensor de los derechos sindicales, vemos lo que hace», criticó. «Ni siquiera fue un juez civil quien juzgó a Rubén, sino uno militar, al margen de la ley y las libertades sindicales».
La Constitución venezolana estipula que «la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar», pero desde 1999 varias leyes ampliaron el fuero castrense.
