Retrógado y oscurantista
El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información, señaló el organismo. Foto: Cortesía

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este miércoles que el nuevo Código Penal de Cuba retrotrae a este país a «épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios».

El organismo, con sede en Miami (EE.UU.), lamentó en un comunicado que el nuevo código, aprobado por la Asamblea Nacional cubana el pasado 15 de mayo y que entrará en vigor en agosto próximo, criminaliza las libertades de prensa y expresión, así como las libertades de asociación y reunión.

«El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar», señaló el organismo.

El nuevo código penal, entre otros aspectos, mantiene la pena de muerte por fusilamiento en 24 delitos y formaliza sanciones de cadena perpetua, además de estipular hasta tres años de cárcel a quien insulte a altos funcionarios públicos.

«Retrógado» y «oscurantista»

La legislación además impone 10 años de prisión a quien «apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros» de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para «sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».

Señala igualmente que todo aquel que «proporcione información a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, formas asociativas o cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por el Gobierno, podría enfrentar entre 10 y 30 años de cárcel».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son de los pocos países en contravenir preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos «al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes».

A su turno, Jorge Canahuati, presidente de la SIP, lamentó que las «autoridades cubanas viajen al pasado, a contrapelo del mundo desarrollado» y que los «funcionarios cubanos se sigan protegiendo con privilegios absolutistas, propios de las monarquías del pasado».

Como destaca la SIP, el nuevo Código cubano considera delitos de «sedición» la «desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista» y castigará a quienes «difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado cubano».

Castigará asimismo la participación en «actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones».

«Ya tenemos la experiencia sobre cómo estas disposiciones, bajo la excusa de la defensa de la soberanía, son utilizadas para amordazar a la prensa independiente y acallar a las voces disidentes», lamentó Jornet.




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