La SIP denuncia intimidación y detenciones masivas a periodistas en Venezuela
/ Foto: Getty Images

Las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas en Venezuela tienen “un carácter masivo e indiscriminado”, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.

Además, el reporte destaca que “no hay donde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.

El informe también alerta de que los militares y los policías “impiden la libre circulación de los periodistas”, por ello, las unidades móviles y los reporteros resultan secuestrados o atacados.

“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.

Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.

“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.

Entre las agresiones contra periodistas, el pasado 7 de enero y mientras la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) vivía una caótica jornada, varios periodistas, incluido el corresponsal del diario español El País Francesco Manetto, fueron agredidos a las afueras del Palacio Legislativo por personas identificadas por sus atuendos y consignas como simpatizantes del chavismo, un caso que no menciona el informe.

Dos periodistas asesinados por la policía

El reporte de la SIP recuerda que el 21 de agosto “fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV” en el noroccidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, “durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.

Este grupo está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ha sido acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales desde su fundación en 2016 y la ONU ha reclamado su disolución.

El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial “entró a la sede el canal de forma violenta y luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva”.

El “Informe Sombra” sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también “denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura”.

Por ello, 2019 fue “el peor año para el periodismo”. Durante esos doce meses, se emitieron 642 alertas, un 228 % más que el año anterior.

Una cadena de detenciones y amenazas

El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.

Entre ellas están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, “recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección”.

Charito Rojas, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de que la mencionara el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa “Con el mazo dando”, en el que suele amenazar e insultar a periodistas.

Otro periodista, Darvinson Rojas, terminó detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de COVID-19. Posteriormente, le liberaron con medidas cautelares.

Además, durante el operativo policial, también arrestaron a sus padres, puestos en libertad horas después.

El informe de la SIP recuerda que, el 7 de abril, la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Tachira, resultaron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) “cuando intentaban acceder al cuerpo de bomberos” en la localidad fronteriza de San Antonio.

Arrestos en todo el país

En el andino estado Mérida, la GNB detuvo al periodista Elvis Rivas, corresponsal de Globovision, mientras que el 18 de abril el periodista Eduardo Galindo estuvo detenido 64 horas en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Policía en San Fernando de Apure, capital del occidental estado Apure (fronterizo con Colombia).

El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza terminó detenido en el céntrico estado Guárico cuando grababa una protesta por falta de agua.

El 6 de mayo, tras cinco meses y 16 días detenida en la sede de la DGCIM, excarcelaron a Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.

En junio, el director de la emisora Tremenda105.7, Eduard Rojas, quedó detenido sin orden judicial en Mérida, sacado de su casa por una comisión de la GNB y liberado tres días después.

Acusados de manejar cuentas anónimas

También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por “el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.

El 31 de agosto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluyó a los dos periodistas en una larga lista de personas beneficiadas con medidas de gracia e indultos.

El último caso documentado, el del Correo del Caroní, un periódico regional del amazónico estado Bolívar, cuyo director, David Natera, quedó bajo arresto durante horas el pasado 12 de octubre y su casa allanada.

El 14 de octubre también intervinieron las oficinas en Caracas e incautado equipo del portal 15minutos.com, cuyo fundador es David José Natera Biliangieri, hijo del director del Correo del Caroní.

Este mismo martes, el Sebin allanó nuevamente las instalaciones de Correo del Caroní, un caso del que hasta ahora se conocen los detalles. EFE




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