El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su informe mensual de febrero de 2017, contabiliza 24 casos de violación a la libertad de expresión que afectaron a 33 periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos y 10 medios de comunicación, cuyas transmisiones resultaron interrumpidas de manera parcial o total.
Los casos documentados por el SNTP destacan la detención y expulsión ilegal de periodistas brasileños que investigaban el caso de Odebrecht, en manos de los cuerpos de seguridad de unos seis periodistas y el cese de las transmisiones de la cadena internacional de noticias CNN en español.
El informe detalla que el 2 de febrero, José Araujo, camarógrafo de Noticiero Venevisión fue amenazado y amedrentado por un funcionario del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en una rueda de prensa de esta sede ministerial. “El funcionario le dijo a Araujo: te voy a fregar en otro sitio cuando te vea”.
El 3 de febrero, el sitio web de noticias El Cambur, sufrió ataques a sus servidores que produjeron la caída de la web por dos días.
El 6 de febrero, Paola Cordero y Juan Guerrero, del equipo de periodistas del diario Versión Final del estado Zulia, habían terminado de hacer unas fotos en el parque Capitán Chico en el barrio Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, cuando dos delincuentes emboscados en el vehículo del diario y asaltados junto al chofer.
El 7 de febrero, el fotógrafo José Lugo fue golpeado, amedrentado y amenazado por dos hombres con armas de fuego identificados del colectivo Tupamaro, para quitarle la cámara que contenía imágenes de la Marcha de la Salud, convocada por Fetrasalud en San Martín.
El mismo día, miliciano prohibieron la entrada de periodistas al Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en Maturín, alegando que necesitaban una autorización del director del centro asistencial, con quien no pudieron comunicarse, pese a múltiples intentos.
El 8 de febrero, la Gobernación de Yaracuy emprendió una gira de medios para desmentir publicaciones de El Pitazo, sobre muertes de niños recién nacidos en el Hospital Pediátrico de San Felipe y desacreditar a la periodista Joanly Paivas, a quien tildaron de irresponsable por publicar declaraciones “falsas”.
El mismo día en el estado Aragua fue cerrado el programa “La Voz del Pregón”, transmitido por La Voz de La Victoria 97.1 FM, al prohibir entrevistar a dirigentes opositores del Gobierno nacional en el espacio informativo y de opinión. El equipo periodístico decidió suspender el programa debido a presiones y limitaciones impuestas por la directiva del medio de comunicación al colocar en la cabina un escrito con la etiqueta: #AquíNoSeHablaMalDeChavez, campaña promovida por el diputado Diosdado Cabello.
El 10 de febrero, el reportero Erick González y la fotógrafa Vanesa Tarantino, del diario 2001, fueron retenidos y amenazados con llevarlos hasta el Sebin, por supuestos miembros de colectivos para que borraran fotografías y apuntes de la cobertura del Hospital Materno Infantil de Caricuao en Caracas.
El mismo día, circuló la último edición del semanario La Verdad Impresa de el diario El Carabobeño por falta de papel. El 17 de marzo de 2016, después de 82 años dejó de circular su edición impresa diaria.
Y en la madrugada de este viernes 10 de febrero, delincuentes robaron la computadora central de la Estación La Trujillana Stereo 104.5 FM, de Valera, Estado Trujillo. Y el presidente de Últimas Noticias censuró un trabajo de la periodista Génesis Carrero, relacionado con el PSUV y del GPP, cambiado por un aviso publicitario.
El 11 de febrero, el Sebin retuvo ilegalmente a los periodistas Jesús Urbina y María José Túa, coordinadores de Transparencia Venezuela en Maracaibo, y a dos periodistas de Brasil, Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes recopilan información sobre obras inconclusas de Odebrecht, en el puente Nigale, Estado Zulia. Al día siguiente los periodistas extranjeros fueron obligados a abordar el vuelo 925 de Avianca, expulsados por el Gobierno de Venezuela.
El 14 de febrero, funcionarios de contrainteligencia militar obligaron al periodista Gregory Jaimes y al camarógrafo Giovanni Molina, del canal Notiminuto a borrar imágenes del allanamiento hecho a Odebrecht en Caracas.
El mismo día, grupos violentos intentaron despojar de su equipo audiovisual a trabajadores de ULA TV, canal de la Universidad de Los Andes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta casa de estudio.
El 15 de febrero, el director de la Comisión Nacional de telecomunicaciones (Conatel) Andrés Eloy Méndez, anunció que su despacho cuenta con tecnología suficiente para aplicar bloqueos a contenidos en Internet; además para bloquear de la web las transmisiones en vivo de CNN en Español.
En la misma fecha, el portal web Aporrea, sufrió un ataque en su plataforma digital que los desconectó por al menos tres días.
El 17 de febrero, dos reporteros gráficos Felipe Romero de Caraota Digital y Rafael Hernández de NTN24, fueron golpeados por presuntos colectivos mientras cubrían las elecciones estudiantiles de la UCV. Y en el mismo sitio la periodista Kristell Chopite y el camarógrafo Richard Castillo, fueron obligados a borrar las imágenes capturadas del proceso.
El 18 de febrero, diez funcionarios de seguridad del Consejo Legislativo del Estado Sucre (CLES) agredieron y amenazaron al periodista José Gregorio Rengel, de la MUD; y a la periodista Miranda Conde de Alianza Opositora
El 22 de febrero, el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en rueda de prensa criticó la cobertura hecha por los medios de comunicación privados Televisora Regional del Táchira y diario La Nación, de los hechos violentos que se suscitaron en horas de la madrugada en la ULA Táchira, donde un grupo de violentos entró y originó destrozos.
El 23 de febrero el fotógrafo del diario La Mañana de Coro, Estado Falcón, Elvis Ocando, fue asaltado en la Alcaldía de Coro para robarle su cámara.
El 27 de febrero, desconocidos ingresaron a la cabina de la estación Radio C 107.3 en Zea, Estado Mérida, y hurtaron equipos de transmisión dejando a la emisora fuera del aire.
El mismo día y el 28 de febrero, al menos 17 medios de comunicación impreso de todo el país, decidieron no circular para ahorrar papel periódico, ante la monopolización del insumo por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro.
(2001, El Nacional, El Universal y Últimas Noticias), a lo que se sumaron los regionales El Impulso en Lara, El Sol de Margarita, El Caribazo y La Hora de Nueva Esparta, Nueva Prensa de Guayana, La Verdad de El Zulia, la Hora de Nueva Esparta, La Nación en Táchira; Última Hora, Diario de Occidente y El Regional de Portuguesa; La Verdad, El Periódico, El Sol de Maturín y La Prensa del Estado Monagas.
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— SNTP (@sntpvenezuela) 7 de marzo de 2017
