Luis Alejandro Borrero | @LABC7
El agua no es lo único turbio en Carabobo. Los planes y proyectos para mejorar su calidad también. La ciudadanía no tiene acceso a los temas ambientales y sanitarios que le interesan por la opacidad del Estado y sus instituciones, observó Lucio Armando Herrera, director legal de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, una Organización No Gubernamental (ONG) encargada de hacerle seguimiento a la crisis hídrica de Carabobo y Aragua.
Vecinos reportan que el agua tiene un aspecto desagradable: en algunas zonas de la Gran Valencia es amarillenta, en otras negra y marrón. Tiene un olor fétido, como si se tratara de cloacas. La explicación es que la infraestructura de plantas de tratamiento y potabilización quedó obsoleta y abandonada, lamentó el abogado.
La planta potabilizadora Alejo Zuloaga es la encargada de suministrar agua a los municipios de la Gran Valencia: Naguanagua, Valencia, Libertador, parte de San Diego y parte de Los Guayos. Fue inaugurada en 1973 y ampliada en 1992. Su capacidad es de siete mil litros por segundo. El problema es que fue diseñada para potabilizar aguas superficiales; y lo que está recibiendo es prácticamente cloacas, afirma Herrera.
La razón es una acumulación de factores. El primero es el abandono e inoperatividad parcial de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Mariposa, que fue desmantelada por organizaciones delictivas. La encargada de recoger las aguas negras de los municipios Valencia, Naguanagua y Libertador quedó inoperativa, lo que hizo que el embalse Pao-Cachinche (principal fuente hídrica para los carabobeños) recibiera aguas sin tratamiento, que luego la potabilizadora Alejo Zuloaga no podía procesar. “La infraestructura está en el suelo. La potabilizadora se quedó en el pasado esperando la modernización y no dispone de la tecnología para poder manejar el agua que le llega del embalse, que está muy comprometida”.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó el 29 de noviembre de 2011 un proyecto de 150 millones de dólares para la rehabilitación de siete plantas potabilizadoras en Venezuela, entre ellas la Alejo Zuloaga, en San Luis, Tocuyito. Según el contrato VE-L1036 del Banco Interamericano de Desarrollo en 2016 se debió cancelar 142 millones de dólares.
La planta La Mariposa, en parcelas del Socorro, al sur de Valencia, también debería encontrarse en un proceso de rehabilitación. En julio de 2014 CAF anunció el desembolso de otros 125,5 millones de dólares para recuperar la instalación. Los trabajos, que habrían comenzado el año pasado, son un secreto celosamente guardado por las autoridades sobre obras que pretenden terminarse en cuatro años, pero de las que no se tiene reportes de avance.
En julio de 2016 una comisión de la Asamblea Nacional y la ONG, representada por el diputado Carlos Lozano y Lucio Herrera, visitaron la CAF para solicitar información sobre el proyecto de rehabilitación y el estado de los préstamos. Aunque en esa ocasión fueron bien recibidos y quedó un compromiso del organismo multilateral, no han obtenido nueva información, criticó el vocero de la ONG.
No hay dudas. Los carabobeños son víctimas de una sistemática violación de derechos humanos, explicó Herrera en un cuestionario respondido a El Carabobeño. “El servicio del agua en Carabobo no sólo no se presta en forma debida, debido a la obsolescencia de la red de distribución, si no que el líquido que llega, que cada vez es en menor cantidad a la población, no es apto para consumo humano, es decir no tiene condiciones de potabilidad”.
Es urgente que el Estado, a través de la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) informe a la sociedad civil del alcance de los proyectos, si se están ejecutando o no, y por qué. El oscurantismo no solamente resta confianza de la población en el servicio que se presta, sino que agrava la situación de violación de derechos humanos. Más tratándose de un tema como el agua. “En Venezuela se viola y particularmente en Carabobo la declaratoria como derecho humano fundamental hecha por las Naciones Unidas, Igualmente lo contemplado en el Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó el 28 de julio de 2010 una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial”.
