(Foto EFE)

Agrupaciones de la sociedad civil pidieron este jueves la creación de una comisión internacional que investigue el pago de 59 millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht y el rol de los funcionarios del actual Gobierno en este esquema de corrupción.

Representantes de una veintena de estas agrupaciones realizaron un piquete frente a la sede del Ministerio Público (MP) para solicitar al órgano que actúe con celeridad tras conocerse que la constructora pagó 788 millones de dólares en coimas a funcionarios panameños y de otros 11 países, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un volante, agrupaciones como Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo para la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, entre otras, mostraron su «gran desconfianza» por un anuncio hecho este martes por el Gobierno para enfrentar este caso.

El Gobierno, «aun conociendo las investigaciones de ‘Lava Jato’ en Brasil y las condenas que ya se habían dado en ese país, permitió la adjudicación de contratos a esta empresa en otros megaproyectos por más de 2.600 millones de dólares», apuntaron.

«Es por lo anterior, que funcionarios del actual Gobierno deben igualmente ser investigados», destacaron y pidieron que sea a través de una comisión internacional contra la impunidad que colabore con el Ministerio Público.

También exigen auditar los contratos adjudicados a Odebrecht; que se identifique a funcionarios y personas que participaron en sobornos y blanqueo de capitales; y que se cree una fiscalía especial para el caso, algo que ya anunció hoy el Ministerio Público.

Solicitan que el Gobierno se resarza de los 59 millones que Odebrecht pagó en coimas en Panamá, «restándolos de montos a pagar en obras en construcción por Odebrecht«, como la línea 2 del Metro, y que se investigue por posible enriquecimiento injustificado a ministros durante el periodo que esta empresa ha estado en Panamá.

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, recibió a una delegación de los manifestantes y les aseguró que «vamos a investigar a todas las personas que en un momento dado participaron directa e indirectamente» en los actos de corrupción y sobornos de Odebrecht, informó el órgano judicial.

El Gobierno de Panamá anunció el marts que prohibirá a Odebrecht conseguir nuevos contratos de obras públicas hasta que retribuya el dinero que «sustrajo» a través de un «esquema institucionalizado» de corrupción y sobornos.

La autoridades de Panamá, país donde Odebrecht ha construido importantes infraestructuras, harán también que la empresa desista de licitaciones en las que ya participa, como la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá y la línea 3 del metro, dijo el martes el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en una alocución.

En reacción a un acuerdo judicial de la constructora, que se comprometió a pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, las autoridades panameñas dijeron que buscan proteger las obras que actualmente desarrolla la empresa en el país.

Odebrecht está involucrada en grandes proyectos como la Línea 2 del Metro, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares, según datos oficiales.

De acuerdo con los documentos de EE.UU., en Panamá, los pagos a funcionarios corruptos e intermediarios se dieron entre 2010 y 2014, en la Administración de Ricardo Martinelli. El actual presidente, Juan Carlos Varela, asumió la Presidencia en julio de 2014.




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