Venezuela podría lograr reunir fondos suficientes para pagar sus bonos morosos y evitar un default, pero las malas perspectivas seguirán, declaró este miércoles a la AFP un analista de la agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P).
S&P Global declaró el lunes a Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo, en default parcial (selective default), después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no abonara el pago de dos bonos en periodo de gracia.
Pero Caracas anunció el miércoles una reestructuración de su deuda con Rusia de 3 mil millones de dólares, una pequeña parte de su deuda externa valorada en unos 150 mil millones y reiteró haber pagado esos bonos.
En opinión de Joydeep Mukherji, encargado de los países latinoamericanos y caribeños en S&P, esto no es suficiente para despejar las dudas sobre la capacidad de Venezuela para cumplir sus compromisos, incluidos el pago de cuatro bonos que ya están fuera de plazo. «Volvería al punto en el que estaba antes del default. La situación no ha cambiado sólo porque juntes dinero para pagar bonos».
La agencia de calificación también declaró en default parcial a la petrolera estatal venezolana PDVSA por impago de una parte de sus obligaciones.
Declarar el país en default desencadenaría una serie de consecuencias legales que permitirían a los acreedores activar los seguros para cobrar, incluido el embargo de activos. «Están en apuros desde hace tiempo».
Mukjerji, al igual que otros analistas que monitorean Venezuela, no ven perspectivas de cambio en el país, que desde hace meses enfrenta una crisis político-social agravada por la caída de los precios del petróleo, la escasez de alimentos y bienes básicos y al borde de la hiperinflación. «La política económica es la misma desde hace muchos, muchos años. No tengo motivos para pensar, basándome en el pasado, que habrá un gran cambio».
Aunque ha habido otros casos de default en Latinoamérica, como el de Argentina en 2002, el caso venezolano es único por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que considera al gobierno de Maduro una dictadura.
Venezuela tiene muchos activos en Estados Unidos que los acreedores podrían reclamar en caso de que incumpla los plazos de pago, principalmente los de Citgo, filial estadounidense de PDVSA.
Las sanciones de Washington también impiden que las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda se hagan con normalidad, ya que prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses hacer transacciones con Caracas. «Hay mucha más incertidumbre que en otras operaciones de reestructuración de la deuda».
