El 30 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) emitió una resolución en la que resuelve dar luz verde al «mayor grado de supervisión» a Monómeros, para intentar recuperar el estado de una empresa vital en ese país.
Se trata de la respuesta del ente colombiano a los argumentos presentados por el equipo legal de Monómeros en su apelación que advierte que esa toma de control sería contraproducente y comprometería a la empresa, y que Supersociedades se basó en «información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actuales realidades económicas de la Sociedad (la empresa) y el entorno empresarial colombiano».
Además, puntualizaban que la decisión despertaba preocupación en algunos de sus principales proveedores, que conducían a la posibilidad de «poner en riesgo la continuidad de las relaciones comerciales de la sociedad».
Atolladero financiero
Pero para Supersociedades no existe manera en la que Monómeros pueda salir del atolladero financiero y administrativo en el que se encuentra, y sostiene que la filial de Pequiven en Colombia afronta graves problemas en materia financiera y administrativa que requieren la intervención externa, de lo contrario la compañía podría quedar en una situación de insolvencia que le impediría seguir operando.
Desde Supersociedades se insiste en que las proyecciones financieras de Monómeros difícilmente cambiarían con ajustes específicos o fraccionados en la estructura de costos de la compañía, por cuanto ello no eliminaría no ayudaría a reducir el impacto de los factores exógenos.
El documento de emitido el 30 de diciembre dice que «el Superintendente Delegado de Supervisión Societaria (Carlos Mantilla) resuelve confirmar la resolución 301-004466 del 20 de agosto de 2021», para luego advertir que contra este acto administrativo «no procede recurso alguno», según lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Este sometimiento a control se adoptó «con base en la información aportada por la compañía» y en otros elementos como las respuestas a requerimientos realizados en agosto, con lo que «se argumenta que están adecuadamente delimitadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la decisión recurrida».
La resolución también da respuesta a otros argumentos alejados del aspecto financiero, pues se tomaron en cuenta diversos elementos para llegar a la conclusión de que era necesaria una toma de control de Monómeros.
Entre ellos, la Superintendencia había destacado la existencia de 218 demandas laborales en una planta de 555 empleados, pero debieron recular ante el argumento de Monómeros de que son procesos que se han acumulado a lo largo de dos décadas y que debía tomarse en cuenta el número total de trabajadores contratados por la empresa en los últimos 20 años.
La crisis de Monómeros no solo tiene que ver con una mala gerencia y administración, sino que está estrechamente vinculada a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales.
Para Monómeros, las sanciones se tradujeron en dificultades operativas ante el incremento de costos de materia prima, fluctuaciones de pronósticos de ventas y en inversiones de capital y gastos de personal.
Con información de Tal Cual
