Las sanciones o multas a infractores contra el medioambiente están en la práctica paralizadas en la Amazonía brasileña desde octubre de 2019 por causa de un decreto del presidente Jair Bolsonaro, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
«Los agentes federales se esfuerzan por defender el Estado de Derecho; en este caso, las leyes ambientales de Brasil – a menudo, exponiéndose a un riesgo personal considerable – pero el gobierno de Bolsonaro está saboteando su trabajo», lamentó en un comunicado la directora de HRW Brasil, Maria Laura Canineu.
Según la organización, las sanciones contra infractores ambientales están en la práctica paralizadas en el gigante suramericano desde el pasado 8 de octubre, cuando entraron en vigor nuevos procedimientos en materia de medioambiente a raíz de un decreto presentado en abril del año pasado por el líder ultraderechista.
Nuevos procedimientos anulan las multas
Estos nuevos procedimientos prevén la obligatoriedad de que las multas ambientales se revisen en audiencias de conciliación, donde pueden ofrecerse descuentos de las sanciones o hasta declararse su nulidad.
La suspensión de las multas en la práctica, de acuerdo con HRW, resulta «una de las varias medidas que Bolsonaro adoptó para debilitar la aplicación de las leyes ambientales y la protección del medioambiente» en Brasil.
Entre los meses de octubre de 2019 y abril de 2020, la organización tan solo reportó apenas un total de cinco casos en los que se impusieron sanciones a los responsables de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña.
«Esto significa que, en la práctica, están suspendidas millones de multas contra aquellos que destruyen el medio ambiente», criticó.
No hay obligatoriedad en el pago
Por un lado, los infractores «no tienen la obligación de pagar la multa» mientras esperan las celebraciones de las audiencias y, por otro lado, tienen «pocos incentivos» para solicitar un volante de pago porque saben que en la audiencia pueden tener descuentos de hasta el 60 %, conforme establece el nuevo decreto gubernamental.
Además, con la llegada de la pandemia del coronavirus en Brasil, se suspendieron por un plazo indeterminado las audiencias, un hecho que ha sido criticado por HWR al considerar que éstas pueden realizarse por medio electrónico.
Agentes amenazados por el propio gobierno, denuncia HRW
«Desde que Bolsonaro asumió el cargo criticó a los órganos de protección ambiental del propio gobierno, a los que llamó de ‘industria de la multa’ y prometió acabar con su ‘fiesta’ de multas por crímenes ambientales», aseveró HWR.
Con estas medidas «contrarias al medioambiente», el líder de la ultraderecha brasileña va «contra las obligaciones internacionales de derechos humanos y contra su propia Constitución, que reconoce el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado».
Asimismo, y de acuerdo con Canineu, los agentes ambientales del país se ven cada vez más «amenazados» no solo por las redes criminales sino también por el «propio gobierno» y «temen que, al hacer su trabajo correctamente, lo acaben perdiendo».
HWR se mostró crítica ante la decisión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de despedir al director de fiscalización ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA) después de que un programa de noticias mostró una operación contra tala y minería ilegales a gran escala en territorios indígenas en el estado de Pará.
Según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, citados en el comunicado, el área desforestada en la región amazónica de Brasil aumentó entre los meses de octubre y abril un 53 % en comparación con el mismo período del año pasado. EFE
